• jueves, 06 de mayo de 2021
  • Actualizado 09:07

 

 
 

TRIBUNALES

Los hosteleros navarros preparan ya reclamaciones patrimoniales por los cierres y daños causados por la Covid

"Se ha criminalizado al sector de la hostelería sin ninguna base científica", explica Arturo del Burgo, abogado e impulsor de estas reclamaciones en Navarra. 

Arturo Del Burgo, de Ecija abogados, posa en su despacho durante la entrevista. PABLO LASAOSA
Arturo Del Burgo, de Ecija abogados, posa en su despacho durante la entrevista. PABLO LASAOSA

El despacho de abogados Ecija en Pamplona analiza estos días junto a asociaciones de hostelería en Navarra una reclamación patrimonial contra el Estado y extensible al Gobierno de Navarra por los daños y perjuicios causados por el cierre obligatorio de sus negocios durante la crisis del coronavirus

Arturo del Burgo, socio director del despacho en la capital navarra, explica que a esta acción de reclamación patrimonial se pueden sumar todos los negocios de hostelería y hoteleros de la Comunidad foral ya que el estado de alarma decretado por el Gobierno contempla la posibilidad de que se indemnice a los posibles perjudicados y existe el derecho a ser resarcidos.

"Se ha maltratado de manera escandalosa al sector y se les ordenaba cerrar sus negocios sin ninguna base científica", explica Del Burgo, que detalla que en estas semanas las reuniones con las dos principales asociaciones de Navarra (AEHN y ANAPEH)  se suceden con la intención de resolver dudas entre los hosteleros.

"Es importante evaluar primero si ha existido un daño, por lo que cada negocio debe analizar los resultados de los tres años anteriores (2017-2019) y ponerlos en comparación con 2020, para concluir de esa manera la cantidad a reclamar", explica el abogado, que ha tenido acceso a toda la documentación entregada por el Gobierno de Navarra para cerrar los bares y en la que considera que "no hay ninguna fundamentación para cerrar estos negocios y no otros". 

La idea es presentar el recurso contra el Estado en el mes de marzo. Aunque se trata de una acción conjunta, sólo podrán beneficiarse los negocios que se sumen a la reclamación, ya que se incorporará un informe pericial que acredite los daños de manera individualizada y urge hacerlo porque el tiempo para estas acciones es de un año. 

Si la primera vía administrativa no tiene éxito, algo posible porque el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a las indemnizaciones, se pasará a la vía Contencioso Administrativa en los juzgados. 

Aunque en un primer lugar se actúa contra el Estado porque fue el que decretó el estado de alarma, se abre la vía también a reclamaciones futuras contra el Gobierno de Navarra por las órdenes forales que impusieron el cierre indiscriminado de los negocios de hostelería, algo que todavía sigue vigente con el interiores de todos los bares y restaurantes con la persiana bajada. 

Los negocios de hostelería podrán incluir en sus reclamaciones no sólo los gastos derivados para adaptar sus locales, sino también el lucro cesante, que es el dinero que se ha dejado de ingresar por el cierre obligatorio y que se podrán obtener al cotejar las cuentas de años anteriores con la situación vivida en 2020. 

Arturo del Burgo explica que se trata de un asunto novedoso porque el estado de alarma no se había aplicado de esta manera nunca en nuestro país (se aprobó durante unas horas ante la huelga de controladores) y no existe una jurisprudencia sobre el caso, aunque considera de manera tajante que la Administración ha causado un daño evidente en el sector.

"Sobre todo porque se aplicó sin haber hecho nada antes para frenar o contener la situación. Más aún, una semana antes del estado de alarma se estaba incitando a la gente a salir a la calle a manifestarse y seguían los vuelos con Italia, por ejemplo, sin ningún control", explica sobre la imprevisión del Gobierno central durante la crisis del coronavirus.


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