Una asociación reclama al Ministerio de Interior que cierre las diligencias por los carteles que denunciaban "impunidad" ante la muerte de Germán Rodríguez.
Nuevas voces contra la investigación que ha abierto la Policía Nacional por los carteles colgados en Sanfermines denunciando "impunidad" por la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que anule todas las diligencias policiales abiertas a vecinos de Pamplona que en Sanfermines colgaron en sus balcones pancartas en las que denunciaban la "impunidad" por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 1978.
El 13 de julio, explica la coordinadora, varios vecinos de Pamplona exhibieron en sus balcones pancartas firmadas con el logotipo de la Plataforma “Sanfermines 78 gogoan”, en las que denunciaban la "impunidad" de los responsables de los sucesos ocurridos hace 40 años, en los que un joven pamplonés murió de un disparo de la policía y más de cien personas resultaron lesionadas, más de una decena por heridas de bala.
Estos vecinos, agrega CEAQUA, recibieron notificaciones para comparecer ante la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, para determinar la posible existencia de un delito de injurias a las instituciones del Estado.
La coordinadora destaca en el escrito dirigido al ministro que el lema de las pancartas “SF-78: Inpunitetari Stop Impunidad” se ha venido utilizando durante toda la campaña que la Plataforma “San Fermines 78 gogoan” lanzó el pasado mes de enero y que ha sido suscrito y apoyado por más de cien colectivos sociales, sindicales, políticos, peñas sanfermineras y diferentes instituciones públicas.
Además, señala, el pasado 8 de julio se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento miles de personas "exigiendo el fin de la impunidad en relación con los crímenes cometidos durante las Fiestas de San Fermín de 1978".
Tras resaltar que las notificaciones policiales suponen "una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión", la coordinadora subraya que éste es un derecho recogido en la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Europea de Derechos Humanos.
Por tanto, concluye CEAQUA, "resulta sorprendente que el actual Gobierno no ponga límites a una actuación policial totalmente desproporcionada, que lo único que pretende es amedrentar, limitar y restringir derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía en cualquier marco democrático".
