Mientras el lehendakari ha pedido "proporcionalidad", Arrimadas ha criticado que el Gobierno foral se posicione "al lado de los que agreden".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mandado un recado al Gobierno de Uxue Barkos y ha considerado sobre el caso Alsasua que los responsables políticos deberían "siempre respetar la actuación independiente de los jueces".
Catalá ha asegurado que él da "por supuesto" que cuando un juez califica unos hechos determinados "conforme a un artículo" del Código Penal es que "es fruto de un análisis riguroso y minucioso".
"Cuando un juez después de una instrucción larga, cuando ha conocido los hechos, cuando ha investigado, cuando ha conocido los informes policiales, cuando se ha estudiado jurídicamente la causa, califica según nuestro Código Penal unos hechos determinados conforme a un artículo del Código y a un tipo de delito, yo doy por supuesto que es fruto de un análisis riguroso y minucioso", ha apuntado.
Además, el titular de Justicia ha apelado igualmente al "respeto institucional a la separación de poderes" y a la "justicia independiente", toda vez que ha evidenciado que hay un "proceso judicial con todas las garantías" donde la defensa de los acusados "podrá alegar lo que considera" y "habrá testigos, habrá informes de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, habrá declaraciones de los participantes, tanto de los lesionados como los supuestos agresores".
A este respecto, el ministro de Justicia ha evidenciado que "cuando todo esto se produzca, el tribunal calificará los hechos con el tipo delictivo que considere adecuado".
"Anticipar desde la poca información que lógicamente podemos tener tanto los responsables políticos como cualquier ciudadano si lo que se ha producido ahí es un delito de lesiones o de amenazas, o está calificado dentro del entorno del terrorismo... yo confío plenamente en la calidad técnico jurídica de los jueces y su independencia y respeto absolutamente las decisiones que van tomando en ese proceso y en cualquier otro", ha espetado.
Catalá se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en una visita institucional a Cáceres donde se ha reunido con responsables judiciales y ha impuesto las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a diversas personalidades.
URKULLU DEFIENDE, Y PP, PSOE Y CIUDADANOS CENSURAN
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que las penas que se solicitan para los acusados, así como la calificación de dichos hechos como un presunto delito de terrorismo, son un "exceso", por lo que ha reclamado que el juicio se desarrolle con "proporcionalidad".
El lehendakari, que ha participado en la firma de un acuerdo con Confebask en Vitoria, ha mostrado su deseo de que la agresión a los guardias civiles y sus parejas, cuyos autores están acusados de terrorismo y se enfrentan a penas de hasta 62 años de cárcel, sea juzgada con "racionalidad".
En opinión de Iñigo Urkullu, la calificación de estos hechos como un presunto delito de terrrorismo y las condenas solicitadas son un "exceso", y ha recordado que en el propio ámbito judicial existe "controversia" en torno a esta cuestión.
Urkullu ha considerado que lo ocurrido en Alsasua "no se corresponde" con un delito de terrorismo ni con las penas solicitadas por la Fiscalía. Además, ha recordado que una parte "muy importante" de la sociedad navarra está reclamando que los hechos investigados sean juzgados con "proporcionalidad".
Por otro lado, el vicesecretario de Política Social Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado el respaldo del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona a la manifestación el sábado de apoyo a los jóvenes de Alsasua, y ha asegurado que su partido dará una "respuesta de altura".
"El PP va a estar a la altura que la situación exige, empezando por el PP de Navarra y terminando por el presidente del Gobierno", ha asegurado Maroto.
Maroto ha calificado de "muy triste" la presencia de las instituciones en actos de este tipo porque a su juicio supone estar "al lado de los verdugos y no de las víctimas", y ha insistido en la preocupación que tiene su partido por el hecho de ver a los líderes de las instituciones "del brazo de los que han jaleado mensajes en contra de la libertad".
Del mismo modo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha rechazado la participación del Gobierno de Navarra en la manifestación, por considerar que los Ejecutivos deben defender los intereses de todos y no intentar "presionar a la justicia".
"Rechazamos y nos produce mucha desazón a los socialistas ver que cada día se produce una gota en esa dirección", ha lamentado Calvo, tras incidir en que los "gobiernos y los parlamentos no están para el trabajo partidista de las siglas, sino para defender los intereses de todos los ciudadanos".
"A la Justicia no se la puede presionar y esperamos que la Justicia sabrá calibrar lo que es justo y esperamos siempre justicia", ha señalado en rueda de prensa la dirigente del PSOE, que ha subrayado que las víctimas de Alsasua "fueron agredidas porque eran miembros de la Guardia Civil".
Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que el Gobierno de Navarra se ha posicionado "al lado de los que agreden", algo que ha calificado de "indignante".
"Nos parece increíble e indignante que el Gobierno de Navarra, los populistas y los nacionalistas, se pongan al lado de los que agreden, de los que amenazan y de los que intimidan, en vez de ponerse al lado de los que sufren las amenazas, las agresiones y las intimidaciones", ha manifestado.
"Nosotros siempre vamos a estar con las víctimas, dando apoyo a aquellos que defienden incluso con su integridad física la libertad de todos los españoles", ha subrayado.
