• jueves, 28 de marzo de 2024
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TRIBUNALES

Primera imputación por el escándalo en la comisaría de la Policía Foral en Tudela tras las denuncias a cuatro cazadores

Un subinspector, miembro de la Brigada de Régimen Interno, deberá declarar como imputado en el juzgado el próximo 24 de noviembre.

Un agente de la Policía Foral vigila un edificio en Pamplona. ARCHIVO  EUROPA PRESS
Un agente de la Policía Foral vigila un edificio en Pamplona, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

El caso que afecta a la dirección de la comisaría de la Policía Foral de Tudela que se destapó hace un año tiene ya su primer imputado: un subinspector del cuerpo policial autonómico, que deberá declarar en los tribunales el próximo mes de noviembre.

Se trata de la primera diligencia de prueba que se practica, a expensas de que pueda haber más personas citadas a declarar durante la instrucción de los hechos para esclarecer lo sucedido. El cargo sobre el que recae el mayor peso de la investigación es el comisario Miguel Ángel Escudero, del que se deberá dilucidar qué papel desempeñó como máximo responsable de la comisaría de la capital ribera, ya que, como consta, todo comenzó tras una llamada telefónica entre él y un exalcalde socialista.

Como se recuerda, los dos agentes denunciaron el 4 de abril del 2019 a cuatro cazadores de Murchante por haber hecho un uso negligente de sus escopetas, al haber disparado hacia una zona de caminos junto a la vía verde del Tarazonica.

A los pocos minutos de la intervención policial, alguno de estos cuatro hombres se puso en contacto con el entonces alcalde de Murchante, Tomás Aguado (PSN), que, acto seguido, telefoneó al comisario Escudero para protestar por la actuación de la patrulla.

Tras esta presión política, los hechos se pusieron en conocimiento de la Brigada de Régimen Interno. Fue a partir de la incoación cuando se supo que las denuncias no llevaron el trámite legalmente previsto, ya que la normativa indica que, de producirse una infracción en el reglamento de armas, esta tiene que ser remitida a la Delegación del Gobierno, que es el órgano competente y el que se encarga de tramitarla.

A pesar de esta normativa, que es de obligado cumplimiento, las denuncias fueron trasladadas al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, un organismo que no es competente en este ámbito. Parte de las denuncias formuladas se archivaron tras la remisión, por parte del subinspector imputado, de un informe en el que instaba a un órgano incompetente por razón de la materia, como es de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a resolver el procedimiento administrativo, privándose de esa manera a la Delegación del Gobierno del conocimiento de los boletines de denuncia. A día de hoy, los cuatro cazadores, pese a su comportamiento, no han recibido ningún expediente sancionador.

ACTUACIÓN INCORRECTA

Los movimientos de Régimen Interno no pararon ahí, ya que esta brigada emitió un informe en el que acusaba a los agentes de haber actuado incorrectamente. Este mismo mes de septiembre, la dirección general de Interior del Ejecutivo foral ha publicado una resolución sancionadora de 5 y 7 días de suspensión de empleo y sueldo para estos dos policías.

Un año después de lo sucedido, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela ha dictado una providencia, en la que se cita como imputado a un responsable de la Brigada de Régimen Interno por la comisión de varios presuntos delitos en la tramitación de las mencionadas denuncias.

Entre los delitos por los que se investiga a dicho responsable de la brigada destacan el de infidelidad en la custodia de documentos públicos y omisión del deber de perseguir delitos, ambos castigados con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Su actuación tiene todavía mayor gravedad, ya que esta persona fue la que, hace unos años y como máximo responsable interino de la Brigada de Régimen Interno de la Policía Foral, elaboró un procedimiento normalizado de trabajo en el que se estableció que, con denuncias en materia de armas, estas se tramitaran en la Delegación del Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, hizo caso omiso de ello y las envió al Ejecutivo foral, que no pudo hacer nada con ellas, al no tener asumidas esas competencias.

SIN LOS BOLETINES DE DENUNCIA

Del mismo modo, se ha privado a la Delegación del Gobierno del conocimiento de los boletines de denuncia, unos hechos confirmados recientemente por esta institución a través de un oficio dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela. En ese documento, indicó que no le constan las denuncias formuladas por los agentes.

La admisión a trámite de los hechos denunciados ha tenido lugar después de que los agentes advirtieran de manera reiterada durante las tomas de declaración de las irregularidades de la acción practicada por la Brigada de Régimen Interno. Los policías las habían denunciado también a través de la cadena de mando, declarándose “improcedente” la reclamación por parte de la jefatura del cuerpo de la Policía Foral. Por ello, hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna.

Esta no es la única polémica que envuelve al jefe de la comisaría de Tudela. Un sindicato denunció en octubre del pasado año que Miguel Ángel Escudero había ordenado a sus agentes que flexibilizaran la imposición de multas de aparcamiento en Corella, tras una reunión con su alcalde, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente).


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Primera imputación por el escándalo en la comisaría de la Policía Foral en Tudela tras las denuncias a cuatro cazadores