Mientras tanto, el órgano que debe comenzar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de 'La Manada' inicia sus trabajos.
El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias por la denuncia presentada por la víctima de 'La Manada' tras la publicación de sus datos personales y amenazas contra ella y ha pedido a la Policía Nacional que identifique a los autores de esos mensajes.
Fuentes jurídicas han informado de que esta medida ha sido acordada por el Juzgado al que ha tocado por reparto el estudio de la denuncia presentada el pasado día 5 por la joven por los mensajes amenazantes, insultos y datos personales suyos que se publicaron en foros, páginas web y perfiles en redes sociales.
El juzgado ha oficiado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para que proceda a la identificación de los autores de los mensajes y a la verificación de la retirada de los mensajes, porque lo solicita la denunciante como medida cautelar.
Los abogados de la víctima de La Manada presentaron la denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y redes sociales.
El pasado día 26 se envió por correo electrónico a los medios de comunicación la sentencia que condenó a nueve años de cárcel a los miembros de 'La Manada', en la que se habían borrado los datos personales de la víctima, pero no se eliminó en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la web del Gobierno de Navarra.
Estos datos personales de la joven madrileña, como su nombre y apellidos o su dirección, fueron publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales, donde además se han podido ver fotos de la chica, una imagen de su DNI e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos.
El abogado Miguel Ángel Morán ha comentado que, además, cuando reciban de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional el informe sobre las páginas y redes sociales en los que se ha publicado esta información, se presentará una ampliación a la denuncia.
La Audiencia Provincial de Navarra condenó a cada uno de los cinco acusados de La Manada a nueve años de cárcel por delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia contra la joven, unos hechos por los que la Fiscalía pidió que fueran condenados a veintidós años de cárcel.
COMIENZA A REVISARSE EL CÓDIGO PENAL
La sección penal de la Comisión General de Codificación, órgano que debe comenzar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de 'La Manada', comenzará este jueves sus trabajos con la renuncia de uno de sus miembros y la incorporación puntual de cuatro mujeres.
La Comisión tiene el encargo del Ministerio de Justicia de plantear posibles cambios en la redacción del Código Penal, que, según argumenta el ministro, Rafael Catalá, citando la jurisprudencia del Supremo, es "farragosa y compleja" en cuanto a los delitos sexuales.
El encargo es consecuencia de la reacción social a la sentencia del caso de 'La Manada', en la que la Audiencia de Navarra condenó a los cinco acusados a por abuso sexual agravado, pero no por violación.
La clave de la sentencia está en que los jueces no entendieron que hubiera violencia o intimidación en la actuación del grupo y esos son los elementos que distinguen entre una agresión sexual o violación y un abuso sexual, aunque éste sea con penetración.
La reunión llega precedida por la polémica, en especial por la composición del órgano, formado por veinte hombres y ninguna mujer, lo que ha motivado que 25 catedráticas de Derecho Penal hayan pedido que todos los miembros de la comisión dimitan y se nombren nuevos integrantes a partir de un criterio de paridad. También el PSOE y Unidos Podemos han tomado iniciativas parlamentarias para tratar de promover ese reparto igualitario.
La reacción del Ministerio de Justicia fue la de incorporar a varias expertas de forma puntual para tratar este asunto. Finalmente, el lunes anunció la incorporación de cinco expertas a la sección penal de la Comisión General de Codificación para tratar este asunto, aunque poco después una de ellas, Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, renunció al percatarse de que no se trata de una incorporación permanente a esa comisión, sino de una participación puntual.
De ese modo, participarán en los trabajos Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo), Carmen Lamarca Pérez (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III), Blanca Hernández Oliver (letrada de las Cortes Generales y exdelegada del Gobierno de Violencia de Género) y Victoria Ortega (presidenta del Consejo General de la Abogacía Española).
La de Mirentxu Corcoy no es la única renuncia que se ha producido, dado que también ha dimitido el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde. En su caso, según ha dado a conocer El Periódico, envió una carta al presidente de la Comisión, Esteban Mestre, en el que mostraba su rechazo a participar en una decisión que considera "demagogia punitiva".
