TRIBUNALES

Los jueces dan la razón a la Policía Foral frente al Gobierno de Barkos y anulan el reglamento de jornadas

La normativa que impuso el Ejecutivo en 2016 había sido recurrida por sindicatos y hasta 25 comisarios e inspectores.

Uxue Barkos y María Solana entrando al Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
Uxue Barkos y María Solana entrando al Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA  

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado el Decreto Foral por el que se aprobó en 2016 el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral que había sido impugnado por 25 altos mandos del cuerpo autonómico, así como por al menos dos sindicatos.

Los recurrentes, que ostentan los cargos de comisario principal, comisario o inspector, alegaban haber sufrido una discriminación salarial como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen retributivo, que se cifraba en un 6,22% para los comisarios principales, 9,35% para los comisarios y 12,26 o 14,26%, según los casos, para los inspectores.

Al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN explica que “la situación jurídica de los demandantes es, en consecuencia, la misma en la que se encontraban en el momento inmediatamente anterior a su entrada en vigor debiendo sujetarse en todos sus aspectos (también el de retribuciones) a la normativa precedente”.

Los policías recurrentes basaron sus impugnaciones en la infracción de normas esenciales de procedimiento, la infracción del principio de jerarquía normativa, la arbitrariedad y desviación de poder con la que se distribuyó la masa salarial, la vulneración de derechos consolidados de los comisarios e inspectores y la posible inconstitucional de la Ley Foral de Policías de Navarra.

En dos sentencias notificadas este viernes, que solo pueden ser recurridas por motivos casacionales, la Sala de lo Contencioso estima el primero de los motivos de nulidad, por infracción de las normas esenciales de procedimiento, por “vulneración del principio de audiencia”.

Según establece la Ley Foral 14/2004, el plazo de audiencia a los interesados para formular alegaciones deberá ser el adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días hábiles. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución motivada, este plazo puede reducirse a siete días hábiles.

En el presente procedimiento, a las representaciones sindicales se les otorgó un plazo de diez hábiles para formular alegaciones, inferior al legalmente previsto y notoriamente insuficiente dado el objeto respecto al que habían de alegar, y ello sin motivación alguna. Por este motivo, el TSJN ha estimado el recurso y ha anulado el citado Decreto Foral.

BEAUMONT SEÑALADA: "LA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE"

El portavoz de UPN en la comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra, Sergio Sayas, ha señalado que esta anulación “deja a Beaumont en una situación insostenible y supone un nuevo varapalo a la gestión que está realizando en Interior, basada en la imposición constante y la falta de diálogo”.

Sayas ha afirmado que la consejera “hace mucho tiempo que demostró su incapacidad para dirigir la Policía Foral y, día a día, lo único que consigue es abrir más la brecha y ahondar en los problemas que tiene el cuerpo policial, sin haber solucionado ni uno solo”.

“Este decreto, que se hizo a golpe de ordeno y mando, que evidencia la negligencia con la que se está actuando y que tuvo una gran contestación en la Policía Foral ha sido hoy anulado, pero lo que de verdad se anula es la figura de Beaumont como consejera”, ha señalado.

Para Sayas, “un consejera que no ha sido capaz de aprobar en el Parlamento la ley de policías, a pesar de haber echado un órdago, que provocó con el decreto que hoy se anula que la gran mayoría de los mandos policiales presentarán su dimisión y que ha roto todos los puentes de diálogo con los sindicatos, está inhabilitada para seguir dirigiendo la Policía Foral”.

“Si el Gobierno de Barkos actuará con humildad, en lugar de con soberbia, la consejera debería dimitir o ser cesada de su puesto, pero no solo por la anulación de este decreto, sino porque este hecho supone una muestra más de su incapacidad para dirigir el departamento”, ha enfatizado.

El portavoz regionalista ha exigido explicaciones públicas “no a Beaumont, que está amortizada, sino a la propia presidenta Barkos por empeñarse en sostener a una consejera que se ha demostrada incapaz de gestionar el departamento”.


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