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Disputa en la justicia navarra por un informe sobre la filtración de datos de la víctima de 'La Manada'

Un informe del Consejo de Poder Judicial haría responsable de la filtración a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Un hombre trabaja con su ordenador en una consulta. ARCHIVO
Un hombre trabaja con su ordenador en una consulta. ARCHIVO  

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado información complementaria al informe sobre la filtración de datos personales de la víctima de La Manada.  El informe, haría responsable de la filtración a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Por ello, la Comisión Permanente ha acordado este viernes por unanimidad retirar del orden del día el punto relativo al informe presentado por la vocal Victoria Cinto, a la que se encomendó la tramitación, con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ, de las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de mayo para determinar si se había producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de La Manada, notificada el pasado 26 de abril.

Los miembros de la Comisión Permanente consideran que, antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos, es necesario recabar más información sobre los aspectos contemplados en las diligencias informativas, cuyo informe provisional de conclusiones aprecia "un funcionamiento irregular en materia de protección de datos" por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la citada Sección.

Así, la Permanente ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.

El CGPJ también requerirá al Gobierno navarro para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración de datos personales de la víctima en el proceso judicial seguido ante la Sección Segunda.

Además, el órgano de gobierno de los jueces pedirá al Gobierno de Navarra información sobre los contenidos concretos de la formación sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en esa Comunidad y solicitará la entrega de los materiales formativos.

También requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra para que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.

En este sentido, los Letrados de la Administración de Justicia, con destino en diversos órganos judiciales de Navarra, han querido mostrar su "profundo malestar por el hecho de que el informe "se haya difundido en prensa" cuando era "para uso en procedimiento interno de ese Consejo".

Los Letrados han "discrepado" de las conclusiones que se recogen en dicho informe y "de las que no se tiene por el momento ningún conocimiento oficial".

"En función de lo que resulte de la evolución de los informes que se vayan elaborando y de las conclusiones que de los mismos se deriven, adoptaremos puntualmente las decisiones que se estimen adecuadas, ponderando el interés informativo, las funciones profesionales que nos vienen encomendadas por la legislación, y la protección profesional de la  que somos merecedores en el ejercicio de nuestras funciones", han señalado en un comunicado.

Para concluir, han "manifestado su apoyo profesional a la compañera afectada", argumentando que, en la entrega de la documentación a la prensa que ha dado lugar a este comunicado, "actuó conforme a las previsiones contenidas en el Protocolo al efecto elaborado por el propio CGPJ, en el año 2015".


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