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Los padres de los detenidos por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y sus novias pedirán el amparo de los partidos

Las familias de los detenidos han indicado en un acto en la capital navarra que se sienten "indefensas y desamparadas" por la decisión del Supremo.

Concentración de los familiares de los jóvenes detenidos por los sucesos de Alsasua de octubre (06). IÑIGO ALZUGARAY
Concentración de los familiares de los jóvenes detenidos por los sucesos de Alsasua de octubre (06). IÑIGO ALZUGARAY  

Los padres de los detenidos en octubre en Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas han informado este martes de que pedirán el amparo de los partidos políticos tras la resolución judicial que declara a la Audiencia Nacional competente para juzgar el caso.

El Tribunal Supremo falló el pasado 1 de junio que la Audiencia Nacional debe ser el tribunal que se ocupe de la agresión de Alsasua porque una primera revisión del caso apunta posibles indicios de terrorismo, aunque solo a efectos de decidir la competencia.

La Audiencia Nacional había paralizado el proceso hasta que el Tribunal Supremo dirimiera la cuestión de competencia sobre el caso que planteó un Juzgado de Pamplona a instancias de la Audiencia de Navarra, que estimaba que la causa debía resolverse en Pamplona.

Las familias de los detenidos han indicado este martes en un acto en la capital navarra que se sienten "indefensas y desamparadas" por la decisión del Supremo, por lo que han adelantado que pedirán reuniones con los grupos políticos del Parlamento foral para pedir "su amparo".

Han adelantado que solicitarán reuniones también con los sindicatos y que van a invitar a diversos colectivos para celebrar la próxima semana en Pamplona un acto de "reflexión conjunta sobre este caso y solicitar acompañamiento".

Las familias emprenderán también una gira por todas las comarcas de Navarra para informar de su posición sobre este caso.

Los padres, que han reiterado sus críticas al fondo jurídico de la decisión del Supremo, dicen estar "muy preocupadas" porque tres de los detenidos llevan siete meses en prisión, una situación que califican de "arbitraria, abusiva y sin ninguna medida de proporcionalidad".

Dicen que también están preocupados porque el caso se va a juzgar en Madrid y, con ello, "se va a consolidar la arbitrariedad" que dicen vivir.


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