La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado rotundamente este jueves las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio en 2014 al considerar que "generan una sospecha inaceptable" sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.
Así lo ha dicho el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado que ha emitido tras analizar el mensaje que Iglesias difundió este miércoles en la red social Twitter y las manifestaciones públicas que ha hecho un día después en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.
Para el CGPJ, estas afirmaciones "merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados".
En este sentido, asegura que prueba de ello son las sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años, como las del caso Nóos, Gürtel, los ERE, las tarjetas 'black', entre otras.
Así, se ve, una vez más, dice el comunicado, "en la obligación" de apelar a Iglesias, como miembro del Gobierno, "a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces".
El Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.
El comunicado ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. El vocal Rafael Mozo ha votado en contra.
