PREMIUM  CASO 'LA MANADA'

El guardia civil y el militar de La Manada se reincorporan al servicio activo, pero se encuentran "sin destino"

El guardia civil del grupo, Antonio Manuel Guerrero, también se encuentra "activo sin destino".  

Alfonso Jesús Cabezuelo ha sido el primero de los componentes de la manada que se ha presentado hoy ante al juzgado de guardia de Sevilla, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia Provincial de Navarra que les permitió abandonar la cárcel bajo fianza el pasado viernes. EFE/Pepo Herrera
Alfonso Jesús Cabezuelo ha sido el primero de los componentes de la manada que se ha presentado hoy ante al juzgado de guardia de Sevilla, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia Provincial de Navarra que les permitió abandonar la cárcel bajo fianza el pasado viernes. EFE/Pepo Herrera   pepo herrera

El Ministerio de Defensa ha levantado la suspensión de funciones que pesaba sobre Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar y miembro de mayor edad de La Manada, pero Defensa no asignará destino al condenado por los abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publica en su edición del martes la orden que levanta la suspensión con efectos a partir del 22 de junio, el día que salió de la cárcel donde cumplía prisión provisional, y contra la que cabe recurso de alzada.

Cabezuelo, que sirve en la Unidad Militar de Emergencias (UME), fue autor de uno de los siete vídeos de abusos sexuales y por su condición de militar cumplió la prisión preventiva en el centro penitenciario militar de Alcalá Meco, en la Comunidad de Madrid.

Como los otros cuatro miembros de La Manada, está condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

En la orden que publica el BOD se especifica que el levantamiento de la suspensión se realiza en aplicación del artículo 108.2 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar de 19 de noviembre, desarrollada por real decreto 1111/15, por el que se aprueba el reglamento de adquisición y pérdida de la condición militar y situaciones administrativas de los militares profesionales.

"Cesa en la situación de suspensión de funciones y pasa a la situación de servicio activo", pero Defensa ha destacado que no le asignará destino.

Al militar se le asigna además "la antigüedad, a efectos de escalafonamiento, de 23 de diciembre de 2008", continúa la orden que señala que "la expresada situación surte efecto a partir del día 22 de junio de 2018".

"Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se pondrá interponer en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOD recurso de alzada ante el general jefe del Mando de Personal", concluye la orden.

Alfonso Jesús Cabezuelo, de 28 años, fue suspendido de sus funciones en las Fuerzas Armadas y cesado en su destino de la UME en Sevilla cuando fue detenido días después de los hechos, al igual que el guardia civil Antonio Manuel Guerrero.

Fuentes de Defensa informaron entonces de que esa situación de suspensión se mantendría en tanto en cuanto no exista sentencia firme y que percibirían, tal y como contempla la ley, el 75 por ciento de sus retribuciones básicas. 

QUEJAS DE LA JUSTICIA POR LA "PRESIÓN SOCIAL"

Un total de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ante la "presión social" contra el tribunal que condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de La Manada por abusar sexualmente de una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

Los jueces denuncian la "gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España" y explican que "el caso consiste en que recaída recientemente una sentencia de un tribunal español (la Audiencia Provincial de Navarra) en un caso muy notorio conocido como La Manada se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público".

Añaden que esto se produce "con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados".

En el texto de su denuncia los jueces firmantes del mismo aseguran encontrarse "completamente desprotegidos ante las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la función judicial".

La queja añade que las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial amparan y respaldan a los jueces pero destaca que la "gravedad y virulencia del ataque" a su independencia les obliga a dar un paso más y solicitar la efectiva protección internacional.

Por ello solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos "para ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces".

En concreto le piden que declare si la reacción del Gobierno y de los representantes del Poder Legislativo de España supone un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial y si la del CGPJ incumple uno de los informes del Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

Asimismo, le piden a este órgano que emita una opinión dirigida al Comité de Ministros del Consejo de Europa que haga posible la solución de este problema específico y el cumplimiento en España de lo establecido por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos

EL GUARDIA CIVIL DE LA MANADA TAMBIÉN SE ENCUENTRA "ACTIVO SIN DESTINO"

Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco sevillanos integrantes de 'La Manada' condenado a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, se encuentra en situación de "activo sin destino", por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme, han explicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Se trata de una situación administrativa similar al del militar Alfonso Jesús Cabezuelo, otro de los condenados. El Ministerio de Defensa ha informado este miércoles de que no asignará destino a este militar aunque se haya levantado su situación de suspensión de servicio y haya vuelto a estar en activo, algo que "no se podía evitar" de acuerdo a la ley.

La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de 'La Manada' fue suspendido de empleo.

El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipos de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.

En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte. 

PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN Y EXPULSIÓN 

Fuentes de la Guardia Civil explican que, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que un oficial del Instituto Armado es designado como instructor. Junto a un secretario tienen que valorar la infracción que ha cometido este guardia civil a efectos de aplicar la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 12/2007.

Antonio Manuel se arriesga a ser sancionado por una falta muy grave. La resolución que se adopte será firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan las citadas fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.

En el artículo 7.13 de Régimen Disciplinario se regula la sanción para quien "comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica".

"Las sanciones disciplinarias", dice el Régimen de la Guardia Civil, "tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la Institución". En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista va desde la separación del servicio a la suspensión de empleo desde tres meses y un día a un máximo de seis años; o pérdida de puestos en el escalafón.


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