La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha sido llamada a declarar como testigo dentro del juicio que la Audiencia de Navarra celebrará contra el exalcalde de Egüés (Geroa Bai), Alfonso Etxeberría, por delitos contra la intimidad y revelación de secretos.
María Chivite ha sido propuesta para testificar en la sala de vistas por la defensa del propio Etxeberría y de la otra persona acusada en el juicio, Federico Albero Ros, informático y amigo del exalcalde, que fue quién le ayudó a acceder al ordenador de una concejal de UPN para conseguir información.
El juicio se celebrará los días 30 de junio y 1, 2 y 5 de julio de este año, tal y como lo ha señalado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra después de que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aoiz decidiera abrir juicio oral contra el exalcalde, una investigación que se inició en 2017 y cuyos hechos tuvieron lugar durante el año 2013.
Para entender por qué se cita a declarar en este juicio a María Chivite hay que recordar que la ahora presidenta del Gobierno fue concejal en este municipio cuando Etxeberría estaba en el consistorio. Además, Chivite formaba parte de los representantes municipales en la sociedad Andacelay, organismo público donde el exalcalde investigaba supuestas irregularidades de los concejales de UPN, algo que nunca se demostró y quedó completamente archivado por los tribunales.
La Fiscalía de Navarra considera que Etxeberría ha cometido los delitos de descubrimiento y revelación de secretos siendo además funcionario público, por lo que le pide 4 años de cárcel, además de 8 años de inhabilitación para cargo público. Mientras, para Federico Albero Ros, la Fiscalía rebaja la pena a 2 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos.
La juez que ha llevado a juicio a Alfonso Etxeberría consideró probado durante la instrucción del caso que entre finales del año 2012 y principios del año 2013 el entonces alcalde de NaBai encargó a su amigo Federico Albero Ros como experto informático la recuperación de datos contenidos en un ordenador propiedad de dicha sociedad y que había sido usado por Carolina Potau (exconcejal de UPN) en funciones de secretaría y contable de la sociedad hasta su dimisión en noviembre de 2011.
Sin embargo, la recuperación de archivos incluyó "datos íntimos" y otros que Etxeberría valoró de "interés público" y convocó al consejo de administración (del que formaba parte Chivite) para "explicar el proceso de obtención de la información", al tiempo que ofreció la posibilidad al resto de concejales de acceder al contenido, antes de poner el ordenador en manos de las autoridades.
No quedó el asunto ahí, sino que Etxeberría compró con dinero público varios discos duros para hacer copias de esa información íntima y convocó una rueda de prensa para informar de los datos encontrados.
Esa rueda de prensa, en febrero de 2013, contó con el visto bueno de todos los partidos políticos que formaban parte del consistorio en ese momento y acudieron a ella concejales de NaBai, Bildu, Izquierda-Ezquerra y PSN. Según el entonces alcalde, todos estaban de acuerdo en lo que se hizo para obtener la información.
El visionado de aquella comparecencia ante los medios será una de las pruebas que la acusación aporte en el juicio contra Etxeberría y Albero. El juicio comenzará primero con el interrogatorio de los acusados y seguirá con la testifical de los tres denunciantes, los exconcejales de UPN en el consistorio, Josetxo Andía, Carolina Potau y Estefanía Clavero.
Por las distintas sesiones del juicio pasarán también a declarar como testigos otros concejales del consistorio en el momento de los hechos, de la misma manera que se escuchará a los agentes que llevaron a cabo las investigaciones periciales.
Según la juez que instruyó la causa, Etxeberría accedió "a muchos datos que por afectar a la esfera íntima del individuo gozan de facultades de exclusión absolutas frente a terceros".
"Federico Albero realizó hasta cuatro escaneos con cuatro programas o herramientas informáticas de recuperación de datos y de esta forma, se recuperaron los archivos y datos que habían sido eliminados por la Carolina Potau, entre los que se encontraban multitud de fotos personales, familiares e intimas de la exconsejera de la sociedad pública. Pese a que entre los datos y archivos recuperados por Albero había una gran cantidad de fotos personales e intimas de la concejal, ajenas a Andacelay, el acusado Etxeberría, consciente de que con ello vulneraba la intimidad de Carolina, facilitó su completo visionado" a 7 concejales del consistorio", señaló la Fiscalía en su escrito.
"Carolina Potau no autorizó, en ningún momento, ni su recuperación, ni su difusión al resto de consejeros de la sociedad publica ni a terceros; generando inequívocamente estos hechos, un perjuicio", concluye la Fiscalía en su escrito de acusación.
También mantuvo en su auto la juez que ha procesado a Etxeberría que los datos recuperados habían sido "previamente borrados por su titular en una clara intención de protegerlos". Dicho borrado debió hacer suponer a los investigados que podía tratarse de datos de carácter personal y, pese a ello, en lugar de acudir a los cauce legales de acceso se instaló un programa específico para su recuperación.
Por todo ello, se apreció que sin consentimiento de la titular hubo un apoderamiento de datos personales en un soporte público, una utilización de artificios técnicos para la reproducción de los datos, una utilización de los mismos en perjuicio de terceros, un acceso a los mismos no autorizado y una revelación y difusión a terceros de lo descubierto que obliga a la investigación de los hechos y a la estimación del recurso presentado por las denunciantes.
Alfonso Etxeberría sigue como concejal del Ayuntamiento de Egüés como concejal de Geroa Bai y no ha dimitido de su cargo a pesar de estar procesado y enfrentarse a una pena de 4 años de cárcel, a pesar de que él exigía dimisiones y ceses para concejales de otros partidos cuando ni siquiera había resoluciones judiciales tan contundentes como a las que él se enfrenta en este momento.
