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La Manada, en libertad: deberán acudir tres veces por semana al juzgado y tienen prohibido entrar a Madrid

Los cinco sevillanos pueden quedar en libertad siempre y cuando abonen los 6.000 euros de fianza que han decretado los jueces. 

Los cinco miembros de La Manada durante su estancia en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.
Los cinco miembros de La Manada durante su estancia en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.  

Los cinco miembros de La Manada quedarán en las próximas horas en libertad después de que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya decretado la prolongación de su estancia en prisión eludible baja una fianza de 6.000 euros cada uno. 

La notificación ha sido comunicada en exclusiva a los cinco presos, tres de ellos en la cárcel de Pamplona y otros dos en una prisión militar de la Comunidad de Madrid, sin que el resto de las partes tengan acceso a la decisión judicial hasta el viernes. 

Los magistrados Raquel Fernandino y Ricardo González han tomado esta decisión con el voto en contra de José Francisco Cobo, presidente del tribunal, que ha mostrado su voluntad de que los cinco siguieran en prisión incondicional sin fianza. 

Sin embargo, la decisión adoptada por los magistrados llevan aparejadas algunas medidas cautelares, como son la obligación de comparecer en el juzgado de guardia de su localidad (Sevilla) todos los lunes, miércoles y viernes, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid, la prohibición de mantener contacto con la víctima, así como la retirada del pasaporte y la imposibilidad de salir del territorio español si no es bajo la autorización de un juez. 

Los miembros de 'La Manada' se encontraban en prisión provisional desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016, apenas unas horas después de que ocurrieran los hechos en el portal de Paulino Caballero

La vista sobre la prórroga de la prisión de los miembros de la Manada se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona, toda vez que el próximo 7 de julio se cumplirán dos años de su encarcelamiento, que es el máximo legal para esta situación provisional.

En esta vista, tanto la fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga de la prisión provisional, mientras que las defensas de los condenados pidieron su puesta en libertad al entender que no se daba ninguno de los supuestos para mantenerlos en la cárcel (riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de fuga).

Según ha declarado el abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez, están "absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas" y "obviamente" todos ellos volverán a Sevilla para "esperar" una resolución firme.

Al conocerse la decisión, unas tres mil personas se han congregado en la plaza consistorial de la capital navarra para gritar de nuevo "no es abuso, es violación", en una protesta a la que se han sumado representantes del ayuntamiento y el Gobierno foral y partidos políticos.

Las protestas se han extendido a otras ciudades, como las tres capitales del País Vasco y Barcelona, y el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado para el viernes una concentración frente al Ministerio de Justicia con el lema "Contra la justicia patriarcal. La justicia les ampara, las feministas respondemos".

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha reconocido que como parte del Gobierno no puede valorar la decisión judicial "a pesar de que la misma genera una alarma social: manifestaciones en las calles". "Mañana sale el auto donde sabremos por qué se ha llegado a este resultado de libertad provisional", ha añadido.

El PSOE considera que se trata de una "mala noticia política y de tipo jurídico" que provoca "desafección" hacia la Justicia y crea "inseguridad" entre las mujeres, mientras que el PP ha expresado su respeto por las decisiones judiciales "nos gusten más o nos gusten menos".

Podemos ha denunciado el "sesgo machista de la Justicia y recabará apoyos parlamentarios para reformar el Código Penal, y Cs ve "preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme". 


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