Tras la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional, aseguran que "el clima de convivencia en Alsasua si antes era bueno, ahora es mucho más".
La madre de Adur Ramírez, uno de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en un bar de Alsasua, Isabel Pozueta, ha asegurado este lunes tras la primera jornada del juicio que "ha quedado evidente que nuestros hijos no son terroristas".
Isabel Pozueta, que ejerce de portavoz de las familias de los acusados, ha atendido a los medios de comunicación después de que los ocho encausados hayan negado su participación en la brutal paliza a los guardias y hayan asegurado que no forman parte del colectivo "Ospa" (Fuera) y las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí) creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas de seguridad estatales.
"Ha quedado evidente que nuestros hijos no son terroristas, que eran unos chavales normales como cualquier hijo de cualquier persona de cualquier padre y madre que ha salido un día de juerga y que lo que ocurrió allí fue una trifulca de bar", ha manifestado a los periodistas ante la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid.
Pozueta ha añadido que tras la primera jornada de la vista oral las familias de los acusados están "de alguna manera más tranquilas". "Ha pasado el primer reto que teníamos y es la primera vez que se escucha nuestro relato en un año y cuatro meses, pues siempre se nos ha impedido poder mostrar qué es lo que había ocurrido ese día".
Y ha anunciado: "Vamos a estar todos los días aquí como madres y padres para ayudar a nuestros hijos, que es lo que nos corresponde en este momento".
Por otra parte, la madre de Adur Ramírez ha llegado a asegurar que "el clima de convivencia en Alsasua desde hace un año y medio, si antes era bueno, ahora es mucho más".
"Se ha conseguido que se genere una piña porque generalmente, cuando ocurre una injusticia, lo que tendemos es a juntarnos, a acercarnos, y esa es la muestra también que se vio el sábado en la manifestación de Pamplona", ha apostillado.
Jokin Unamuno ha sido el primero en testificar y ha pedido perdón por si su comportamiento derivó en unos altercados posteriores.
Isabel Pozueta ha concluido haciendo una referencia a Euskal Herria: "Estamos buscando la convivencia, vivir en paz y lo que queremos es mirar hacia adelante y que no haya sufrimiento en Euskal Herria para nadie".
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de todos ellos por la paliza con puñetazos y patadas a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas de Alsasua en el bar Koxka.
Los acusados, siete de ellos de entre 21 y 24 años de edad y un octavo de 31, se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas y se han negado a contestar al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentran la ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.
AUGC ESPERA QUE EL JUICIO FRENTE "EL HOSTIGAMIENTO" A LOS AGENTES
Otra de las acusaciones particulares en este caso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su confianza en que la sentencia del juicio por la agresión de Alsasua sirva como "elemento disuasorio contra el hostigamiento sistemático" que sufren "a diario" los agentes del Instituto Armado en algunos municipios de Navarra y País Vasco.
En su acción como acusación particular, AUGC ha defendido la idéntica petición de penas por lesiones terroristas que la efectuada por parte de la Fiscalía al entender que la supuesta agresión se encuadra en el "acoso que la izquierda abertzale sigue manteniendo sobre los guardias civiles y su entorno en muchas localidades de Navarra y el País Vasco". Se trata de una versión que difiere del "clima de convivencia" que ha definido la portavoz de las familias de los acusados.
AUGC ha recordado sus reiteradas denuncias por los episodios de acoso. "Confiamos en que la Justicia castigue este comportamiento con la pena de terrorismo sobre estas personas que supuestamente materializaron en forma de graves agresiones el acoso y persecución al que se somete a diario a cientos de agentes del Cuerpo y a sus familias en determinadas localidades de estas comunidades", defiende AUGC en un comunicado.
La asociación señala que los acusados rechazaron un acuerdo con la Fiscalía por el que serían condenados a un delito de agresión terrorista con una pena de prisión de cinco años y seis meses y subraya que se juzga "los actos violentos más graves desde que ETA abandonara la actividad terrorista armada en octubre de 2011".
"Siempre hemos estado y estaremos velando por los derechos y el bienestar de nuestros compañeros y sus familias destinados en el País Vasco y Navarra, o en cualquier otra parte del territorio nacional, que se encuentren sometidos a un escenario de rechazo y odio por ciertos sectores minoritarios de esa sociedad, que no estamos dispuestos a tolerar", señala AUGC.
La asociación espera que, con la sentencia, los guardias civiles y sus familias destinados en Navarra y País Vasco "puedan recuperar cierto grado de normalidad en sus vidas" tras cejar la campaña que busca su expulsión de ambas comunidades autónomas, "algo que nunca sucederá".
