Según el escrito de acusación son dos viviendas y un local en Aranaz, un local comercial en Elizondo, y un garaje en Oronoz-Mugaire.
Una mujer será juzgada la próxima semana en la Audiencia de Gipuzkoa acusada de vender ilícitamente dos viviendas, dos locales y un garaje, propiedad de una empresa de construcciones que dirigía con su esposo, sin la autorización de éste y en el transcurso del proceso de separación del matrimonio.
La Fiscalía de Gipuzkoa imputa a la procesada un delito societario de administración desleal y le pide tres años de reclusión por vender presuntamente las cinco fincas al hijo del matrimonio, a cambio de un "escaso importe", a sabiendas de que su valor de mercado era "muy superior", con un la posibilidad de pagar en un plazo de cinco años algunos de los inmuebles y "sin contraprestación alguna" por ello.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público las fincas en discordia, todas ellas emplazadas en Navarra, son dos viviendas y un local en Aranaz, un local comercial en Elizondo, y un garaje en Oronoz-Mugaire.
El documento de la Fiscalía explica que el 20 de diciembre de 1993 el perjudicado y la acusada crearon la citada constructora, de la que ambos eran administradores solidarios a pesar de que el 85 % de las participaciones correspondían al hombre y tan sólo el 15 % restante a la mujer. Esta empresa era la propietaria de los cinco inmuebles.
Años más tarde, el matrimonio inició un proceso de separación, en el transcurso del que el hombre comenzó a sospechar de que su ya exmujer estaba "descapitalizando" la empresa, por lo que la convocó mediante un burofax a una Junta General de la sociedad con la intención de asumir él la administración única de la compañía, "en base a su mayoría social".
La encausada recibió la comunicación el 2 de julio de 2012, pero "desatendió el llamamiento" y no acudió a la reunión en la que "fue cesada" de su cargo.
El texto del Ministerio Público concreta que, "viendo próximo su cese", la acusada presuntamente "procedió a la venta de los inmuebles en favor de su hijo" por "el escaso importe de 149.500 euros", "actuando con pleno conocimiento del quebranto patrimonial que causaba a la mercantil que todavía administraba y obviando la inquebrantable obligación de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y representante leal".
El documento recalca que la mujer era conocedora de que los bienes transmitidos tenían un "muy superior valor de mercado", ya que sólo las fincas situadas en Aranaz "alcanzaban un importe de 342.500 euros".
La Fiscalía considera "elocuente" que tanto el pago de esta cantidad como del IVA correspondiente fueran "objeto de un aplazamiento por cinco años" por parte de la acusada, "a satisfacer libremente y sin contraprestación alguna por su hijo".
Se da la circunstancia de que, una vez completada esta transacción, el hijo vendió el garaje de Oronoz-Mugaire, a un tercero que actuó "de buena fe", "ignorándose el importe de esta transacción".
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito societario de administración desleal por el que reclama tres años de prisión para la mujer y que se declare la nulidad de la escritura pública de compraventa de los inmuebles suscrita por la encausada y su hijo.
Como consecuencia de ello, la Fiscalía reclama que el hijo sea condenado a devolver a la empresa de construcciones la cantidad que obtuvo por la venta del garaje. Asimismo pide que la mujer devuelva a la empresa los 15.710 euros que se abonó por la operación en concepto de IVA.
