• viernes, 19 de abril de 2024
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TRIBUNALES

Un juzgado de Tudela investiga la presunta estafa piramidal de dos vecinos de Corella en Internet

Los denunciantes aseguran que compraron a una empresa tiendas on-line bajo la promesa de altos beneficios que nunca llegaron. 

Vista del edificio de los juzgados de Tudela, donde se investiga la presunta estafa
Vista del edificio de los juzgados de Tudela, donde se investiga la presunta estafa.

El juzgado de Instrución nº 2 de Tudela ha tomado declaración a dos vecinos de Corella acusados de un presunto delito de estafa por un supuesto negocio en Internet en el que se invertían distintas cantidades y se garantizaba una alta rentabilidad. 

Los denunciantes aseguran que la página de la empresa sigue activa en Internet a pesar de las denuncias presentadas también en otros juzgados y que están siendo investigadas dentro de un entramado de empresas de posible estafa piramidal. Calculan que hay unas 6.000 personas afectadas por este supuesto engaño. 

Según los denunciantes del caso que lleva el juzgado de Tudela, que reclaman 76.190 euros y 6.700 euros, respectivamente, el negocio de los acusados se basaba en un sistema de captación de inversores o compradores de servicios de "tiendas on-line" y de expansión mediante la recomendación "persona a persona", similar a los negocios piramidales. 

El juzgado ha tomado ya declaración a los acusados, que respondieron con vaguedades y evasivas sobre el negocio, como no recordar cuál es el porcentaje de su participación en la empresa o que no conocen cuáles son sus cargos dentro de las empresas conectadas entre sí.

Además, ante el juez, los dos acusados negaron que ellos garantizaran una inversión segura y que no tenían por qué devolver el dinero depositado por los clientes. 

Según el relato de la querella, las personas interesadas compraban un paquete de servicios de la tienda on-line que costaba 1.250 euros, ofrecido como un desembolso de una cantidad no muy alta para ganarse la confianza de los inversores.

A partir de este momento el comprador estaba obligado a promocionar la tienda y a comprar productos en conserva de la misma marca bajo amenaza de retirada de su tienda on-line, según la versión de los acusados. De esta forma, seguían los ingresos de la empresa con la compra de productos obligatoria.

El coste de la apertura de la tienda se pagaba mediante transferencia e iba a la cuenta de una de las empresas del entramado o directamente a pagar a otro inversor para mantener la estructura piramidal.

Además, siempre según la versión de los denunciantes, cada tienda on-line tenía una cuenta en la que se acumulaban cantidades por su actividad "obligatoria", como la publicidad que hacían o la captación de otros inversores. 

HASTA 45 PAQUETES DE TIENDA ON-LINE

Uno de los denunciantes adquirió 45 paquetes de tiendas on-line (56.600 euros) ofrecidos por las mercantiles, mientras que la otra persona invirtió en cinco tiendas (6.260 euros) bajo la promesa de altas rentabilidades

"Le habían confirmado una rentabilidad segura y alta por operar con muchas licencias o tiendas on-line, instándole a que comprara el mayor número posible de las mismas, ya que al tener más volumen podría incrementar sus beneficios simplemente por invertir en dichas tiendas, hacer publicidad on line y conseguir el máximo número de inversores posible, puesto que esto le supondría un aumento de los beneficios", señala el abogado de uno de los perjudicados. 

"Cuando los inversores reclamaron los ingresos que les habían prometido, los acusados les respondían que tenían problemas o dificultades y que no podían proceder a abonar los mismos, ni tampoco a la devolución de lo invertido". 

Los querellantes comprendieron entonces que habían sido "víctimas de un engaño" y trataron de retirar sus beneficios generados en sus tiendas on-line, algo que resultó imposible, ya que el dinero estaba bloqueado sin que existiera ningún motivo para ello. 

Según el relato de la querella, con el fin de solucionar el problema sin acudir a la vía judicial, los acusados les dijeron que habían tratado de obtener sus ingresos de manera "precipitada" y se abrió un periodo de sietes meses para reclamar el dinero, algo que nunca ocurrió. 


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