El Ministerio de Justicia ha decidido rebajar las restricciones en los juzgados ante la COVID-19 y, además de la prestación de los servicios esenciales, ha dictado una resolución que fija plantillas presenciales por turnos y abre la puerta a atender otros procedimientos si hay medios para ello.
Aunque los plazos procesales siguen suspendidos, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha acordado también permitir a abogados y procuradores presentar a partir del miércoles sus escritos por vía telemátiva (Lexnet o los sistemas equivalentes en País Vasco, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón), para su reparto a los órganos competentes.
El objetivo es asegurar un adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales, que se teme que pueden verse desbordados cuando concluya el estado de alarma, pero Justicia recomienda a abogados y procuradores "ponderación o moderación" al registrar sus escritos para hacer más viable el reparto.
En la resolución se recuerda la obligación de prestar los servicios esenciales fijados para el estado de alarma, a los que se añade "la llevanza de todos aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles".
Y se hace referencia específica al trabajo de los registros civiles, para que realicen "en el plazo más breve posible" todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas, así como otros procedimientos no enmarcados tampoco en la categoría de servicios esenciales.
Además de establecer turnos presenciales para los funcionarios, garantizando la distancia de seguridad, Justicia apuesta por fijar esquemas reforzados de trabajo a distancia y "disponibilidad de prestación presencial" para quienes están en su domicilio, que deberán estar localizables durante toda la jornada laboral para atender servicios que no pueden ser gestionados telemáticamente.
Según explica Justicia en un comunicado, el trabajo presencial que ahora se reactiva "se refuerza con la provisión, efectiva y coordinada, de material sanitario por parte de las administraciones competentes para la protección de profesionales y usuarios".
Con objeto de adaptar progresivamente la prestación del servicio público de la Justicia a las siguientes fases de contención de la pandemia, el Ministerio y el CGPJ, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizarán un seguimiento semanal del funcionamiento de juzgados y tribunales.
La resolución entrará en vigor este miércoles 15 de abril.
