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La justicia argentina admite una querella contra Adolfo Araiz y otros exdirigentes de Batasuna por crímenes de lesa humanidad

Ha sido interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia y se les investigará por inducir asesinatos de ETA entre 1994 y 2004. 

Adolfo Araiz, a la derecha, junto a otros parlamentarios en Navarra. IÑIGO ALZUGARAY
Adolfo Araiz, a la derecha, junto a otros parlamentarios en Navarra. IÑIGO ALZUGARAY  

La justicia argentina ha admitido a trámite una querella contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA por delitos de lesa humanidad. 

Entre los querellados se encuentra Adolfo Araiz, actual portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, socio de Gobierno de Uxue Barkos y miembro histórico de Herri Batasuna, el brazo político de la banda terrorista. 

Araiz formaba parte de la formación vinculada a ETA cuando se decidían los asesinatos e incluso se apoyaba abrir los atentados contra políticos, periodistas, etc. 

Según ha desvelado El Mundo, la Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha anulado el archivo de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

Ahora se investigarán a estas personas como inductores y partícipes de los crímenes de la banda terrorista desde 1994 a 2004.

Lo hará por el principio de justicia universal, una vez constatado y acreditado ante los tribunales de ese país que los españoles limitaron la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA a los perpetrados a partir del 4 de octubre de 2004, que es cuando se incorporaron esos delitos a la legislación española.

En su resolución, la Cámara federal argentina señala que los querellantes acuden a los «tribunales argentinos por aplicación del principio de jurisdicción universal», para «la investigación y el juzgamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas» a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente, en Guipúzcoa.

«Ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión del territorio de la comunidad vasca y asesinados ante su negativa, como parte de la política de persecución de la organización ETA y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen».


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