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La Justicia anula los 30.000€ que Barkos iba a regalar al País Vasco para estudiar la 'tortura policial' en Navarra

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN entiende que la orden foral pretendía desarrollar preceptos de una ley foral declarados inconstitucionales.

La presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (d) y la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo (i). EFE/Jesús Diges
La presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (d) y la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo (i). EFE/Jesús Diges  

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado una orden foral de  2017 por la que se autorizó un gasto de 30.000 euros y se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a centros de investigación para la realización de investigaciones de carácter científico y recopilaciones documentales acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.

La abogacía del Estado había solicitado la anulación de esa orden al entender que incumplía y contradecía la suspensión de la Ley Foral 16/2015 de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos acordada por el Tribunal Constitucional en abril de 2016. Tanto el Gobierno de Navarra como la Universidad del País Vasco (UPV), destinataria de la subvención, se opusieron a la demanda.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que la materia u objeto de los estudios o trabajos subvencionables, así como la finalidad pretendida con ellos, coincide con el ámbito de investigación que se atribuía a la comisión de reconocimiento y reparación que fue declarada inconstitucional porque interfería con la actividad investigadora y de enjuiciamiento encomendada a los juzgados y tribunales.

Desde esta perspectiva, para la Sala, “es evidente que la subvención pretende financiar trabajos que van a versar sobre los mismos actos sobre los que tenía competencia la comisión de investigación y con el objetivo de ser presentados a la sociedad a modo de conclusiones”.

Según expone el TSJN, “estos parámetros se constatan en un somero análisis del contenido del trabajo que ha obtenido la subvención litigiosa, que es un trabajo de investigación universitaria sobre la tortura en base a denuncias y testimonios grabados en vídeo así como periciales psicológicas, es decir, sobre hechos que han podido ser o podrían ser objeto de investigación judicial”.

Por este motivo, los magistrados estiman la demanda al entender que la orden foral recurrida subvenciona una serie de trabajos de investigación con una finalidad que resulta contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional  del 19 de julio pasado, que confirmó el auto de suspensión y declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

En su recurso, la abogacía del Estado argüía que el contenido de las dos propuestas presentadas por las entidades concurrentes a la convocatoria ratificaba lo expuesto, dado que estaban centradas en la investigación y esclarecimiento de casos concretos denunciados, incluso juzgados, empleando las mismas técnicas de averiguación y verificación de credibilidad que debiera emplearse por la comisión de reconocimiento y reparación.

Por todo ello, entendía que la orden foral impugnada incurría en desviación de poder, al ejercer la potestad administrativa para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico, dado que amparándose en preceptos no suspendidos ponía en marcha realmente una actividad de investigación y averiguación de hechos concretos afectada por la decisión del Tribunal Constitucional.

Estos argumentos fueron rebatidos por el Gobierno foral y la UPV. Para esta universidad, los artículos no suspendidos no estaban relacionados con la comisión de reconocimiento y reparación y, además, la orden foral impugnada no pretendía otorgar subvenciones para realizar interpretaciones que fijaran lo sucedido sino que a través de medios científicos se hicieran recopilaciones que permitieran “dimensionar esas vulneraciones de derechos humanos”.

La consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no comparte la sentencia del TSJN que anula la subvención de investigaciones sobre hechos violentos de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos y, por tanto, recurrirá el auto judicial.

El TSJN ha anulado una orden de 2017 del Gobierno Foral que autorizó un gasto de 30.000 euros para subvencionar investigaciones científicas y recopilaciones documentales de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

BARKOS RECURRIRÁ LA SENTENCIA

A la convocatoria, ha explicado Ollo a Efe, se presentaron tres grupos de investigación, dos de la UPNA y uno de la UPV, pero en el centro navarro finalmente renunciaron los dos grupos porque no les dio tiempo a presentar toda la documentación.

Por ello, se subvencionó la propuesta de la UPV, ha señalado Ollo, quien ha afirmado que han recibido el auto esta mañana y ahora "los servicios jurídicos la tienen que estudiar con detenimiento".

En todo caso, ha apuntado que en el Gobierno no comparten la sentencia ni la lectura que hace el tribunal para anular la convocatoria, por lo que interpondrán un recurso de casación. Al respecto, ha mostrado su convencimiento de que la convocatoria "no solo es legal, sino que es justa y reparadora con las víctimas de extrema derecha".

Ollo ha aseverado que el Gobierno de Navarra "está trabajando desde el principio de la legislatura en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de la violencia, cada una en su contexto" y "desde luego sin equiparar unas con otras".

"Hemos trabajado con las víctimas del terrorismo, con las de memoria histórica y también hemos intentado trabajar con las de extrema derecha", ha declarado la consejera, que ha entendido que "sentencias como ésta no permiten avanzar, al revés, son un obstáculo para avanzar en ese reconocimiento".

Las administraciones públicas, ha comentado, "tenemos la obligación de dar respuesta a los derechos de esas víctimas, porque lo avala el derecho internacional pero también entendemos que es un compromiso ético de las sociedades democráticas".


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