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El Gobierno Barkos fuerza la suspensión del juicio contra 22 okupas de Rozalejo al entregar nueva documentación

La vista oral estaba convocada a las 10 horas en la sala de vistas 102 del Palacio de Justicia de Pamplona ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona.

Comienzo del juicio contra el Gaztetxe Maravillas. PABLO LASAOSA 10
Comienzo del juicio contra el Gaztetxe Maravillas. PABLO LASAOSA 10  

El juicio contra 22 investigados por un supuesto delito leve de usurpación por la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona se ha pospuesto hasta los próximos meses de octubre o noviembre al presentar el Gobierno de Navarra un nuevo informe relacionado con la responsabilidad civil por daños y horas extras y por el que reclama 34.168 euros.

El juicio estaba previsto que comenzara este jueves por la mañana en el Palacio de Justicia de la capital navarra con la declaración como testigos de seis policías forales y, tras ellos, se procedería al interrogatorio de los investigados.

No obstante, las defensas, al no contar con el nuevo documento entregado por la parte del Ejecutivo foral, han pedido tiempo para estudiarlo y al estimar el magistrado la petición, la vista oral se aplazará unos meses. 

También estaba previsto que comparecieran como testigos la directora del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra y tres técnicos del citado servicio.

La abogada de los investigados, en declaraciones a los medios de comunicación tras el aplazamiento del juicio, ha aseverado que la presentación del informe de responsabilidad civil de daños y horas extras, por un valor de 34.168 euros, se ha producido “de forma sorpresiva” 

“Ha habido mala fe procesal del Gobierno de Navarra al presentarlo en el último momento, cuando el juicio estaba señalado desde febrero”, ha incidido para añadir que se están “restando derechos dentro del proceso penal a las personas denunciadas”.

Igualmente, ha avanzado que la acusación de la máxima entidad foral incluye multas que ascienden a 37.750 euros y ha advertido que “si la juventud no pagara esas multas les conllevaría la privación de libertad”.

Y ha denunciado que muchos testigos citados acudían esta mañana a declarar “con la ley de protección de testigos”, por lo que, ha dicho, se está “criminalizando a la juventud”.

Ha reivindicado que el citado edificio, de titularidad pública, ha estado “abierto al público por la juventud y que ha tenido biblioteca, cine, taberna o gimnasia”, entre otros servicios.

La abogada ha criticado también que se ha requisado todo el material que había en el inmueble y que, aunque se ha pedido su devolución, esta no se ha producido. 

Además, ha destacado que, durante el periodo en el que ha estado ocupado, “ha habido muy buenas relaciones con los comerciantes, hosteleros y los vecinos” al tiempo que ha denunciado “la ocupación policial que hubo en agosto de 2018 y en enero de 2019”.

Y ha añadido que han “destrozado el edificio” al haber accedido al mismo con “martillos neumáticos” y, por tanto, “es el Gobierno de Navarra el que no está defendiendo el patrimonio”.

En cualquier caso, el total de las cantidades reclamadas por el Ejecutivo foral asciende a 71.918 euros. 

Por su parte, uno de los portavoces del colectivo del gaztetxe Maravillas, ha afirmado que “la actitud del Gobierno de Navarra es provocar una indefensión” y que “han hablado mucho de legalidad, pero luego la moldean a su gusto”.

Ha reivindicado que la apertura del denominado gaztetxe Maravillas revirtió una situación de “uso privativo”, al haber permanecido el edificio cerrado 20 años, y que “ahora vuelven a anidar las palomas”.

Además, un centenar de personas se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia en apoyo a los procesados y se ha desplegado una pancarta con la frase ‘Epaiketa guztien gainetik Maravillas herriarentzat’ (a pesar de los juicios, Maravillas para el pueblo).


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