• viernes, 29 de marzo de 2024
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TRIBUNALES

El Tribunal decidirá esta misma semana si deja en libertad provisional a los 5 acusados de La Manada

Esta decisión previa a la sentencia ha sido solicitada al término del juicio por las defensas y podría ir muy ligada a la condena o absolución.

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Dos de los acusados, el militar Alfonso Jesús cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, a la salida de una de las sesiones celebradas esta semana en la Audiencia de Navarra. PABLO LASAOSA

El tribunal que juzga a los cinco acusados por la presunta agresión sexual ocurrida en los Sanfermines de 2016 deliberará esta misma semana si accede a la puesta en libertad provisional solicitada por las defensas al término del juicio este mismo martes en Pamplona. 

La solicitud de libertad provisional ha sido liderada por el abogado Jesús Pérez Pérez, que representa al guardia Civil Antonio Manuel Guerrero. A su petición se han sumado también los abogados de los otros cuatro acusados, Ángel Boza, Antonio Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda y Jesús Escudero

Esta petición se ha llevado a cabo a puerta cerrada al término de la sesión de este martes y una vez decretado por el presidente del tribunal que el juicio quedaba visto para sentencia. Fuentes de las defensas han confirmado que el propio tribunal ha fijado su decisión de esta medida cautelar, previa a la sentencia, para esta misma semana. 

Se trata de una decisión que podría aproximar la resolución final del caso. Fuentes jurídicas consultadas han apuntado a que la decisión (libertad o no) podría ya ir muy ligada a condena o absolución. 

Durante la sesión de este martes, el letrado Jesús Pérez ha vuelto a reafirmar su solicitud de "ilicitud" de una de las pruebas principales del caso, al considerar que el informe de los policías forales y de las trabajadoras sociales parten de la supuesta "veracidad" de los hechos denunciados. "Se ha evidenciado una clara falta de objetividad, por lo que esas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta. Si se mantienen y se tienen en cuenta podríamos solicitar la nulidad del proceso", ha asegurado. 

Además, para los tres abogados de los cinco acusados durante las más de dos semanas de juicio se ha conseguido demostrar que las relaciones fueron consentidas, o al menos se ha podido dejar la duda de que ellos no conocían si la chica quería o no quería mantener esas relaciones. "Ella no lo dejó claro y así lo reconoció en su declaración. Que ellos pudieron entender las dos cosas", han expresado. "No hay motivo para que sigan en prisión", han reseñado. 

Los tres letrados han pedido la absolución de sus patrocinados y los cinco acusados se han declarado inocentes al término de la sesión. "Confío en el justicia", han asegurado. 

Los cinco acusados llevan en la cárcel desde el momento de su detención. Tres de ellos se mantienen en la prisión de Pamplona, mientras que otros días están internos en una prisión militar de Madrid. Los cinco están acusados de un supuesto delito de agresión sexual continuado (violación), un delito contra la intimidad (grabación de los vídeos) y robo con violencia del móvil de la mujer. 

La Fiscalía ha confirmado que mantiene la solicitud de 22 años de cárcel por los tres delitos para cada uno de ellos, una pena considerada "muy elevada" por la gravedad de los delitos que les imputan. Los jueces acuerdan de manera habitual la libertad provisional en el caso de que existan serias dudas sobre la sentencia a resolver, las penas no sean muy elevadas, no exista riesgo de fuga y los acusados no puedan destruir pruebas a volver a delinquir. 

RECHAZARON LA LIBERTAD EN SEPTIEMBRE

Los mismos magistrados que van a sentenciar el caso y decidirán en unos días la posible libertad provisional de los acusados decidieron en septiembre pasado mantener en la cárcel a los cinco acusados, ratificando así un auto suyo del mes de julio de 2017. 

La Sección Segunda desestimó los recursos de súplica interpuestos por las defensas de los procesados, aunque uno de los tres magistrados, Ricardo González, se pronunció a favor de ponerlos en libertad. 

Para los otros dos magistrados, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, concurrían en ese momento un riesgo de fuga y de "reiteración delictiva" por la posible comisión de un nuevo delito grupal. Para el tercer miembro del tribunal, ya en aquel momento los argumentos de sus compañeros eran “inconsistentes e insuficientes” y subrayó “el déficit de motivación” sobre el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.


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