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Las falsas mudanzas de 18 guardias civiles en Navarra para cobrar ayudas acabarán en juicio

Uno de los agentes investigados y su esposa se enfrentan a penas de más de 3 años de cárcel por fraude y falsedad documental.

Un Guardia Civil poniendo una multa a un conductor por cometer una infracción. Archivo / GUARDIA CIVIL
Un Guardia Civil poniendo una multa a un conductor por cometer una infracción. Archivo / GUARDIA CIVIL  

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra celebrará el 17 de junio un juicio contra 18 guardias civiles, la esposa de uno de ellos y el titular de una empresa de transportes a los que el fiscal acusa de estafa en mudanzas de muebles, por presuntos fraudes en las indemnizaciones recibidas por razón del servicio.

En los supuestos en los que un guardia civil cambia de residencia, por asignación de un nuevo destino o por el pase a la situación de reserva, la Guardia Civil abona, en compensación por los gastos generados por la correspondiente mudanza, la denominada Indemnización por Traslado de Residencia.

El fiscal solicita para 17 guardias civiles, por el delito de fraude y exacciones ilegales, 22 meses de prisión, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

También solicita para ellos, por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tres años de prisión, multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante dos años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

UN AGENTE Y SU MUJER SE ENFRENTAN A MÁS DE 3 AÑOS DE CÁRCEL

Para otro guardia acusado solicita, por un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales, 43 meses de prisión, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante diez años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

Por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, solicita seis años de prisión, multa de veinte meses con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

Para la esposa del anterior agente procesado, el fiscal pide, por un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales, tres años de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante cinco años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

UNA MULTA DE 400.000€ A LA EMPRESA DE MUDANZAS

Para el titular de la empresa de transportes pide, por un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales, tres años de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante cinco años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

También solicita para él, por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular, tres años de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales.

Por último, para la empresa de transportes el fiscal pide, por un delito de estafa, una multa de 400.000 euros y el pago de las costas procesales.


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