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La acusación: "Se confiaba en que los concejales no falsearan las citas, las reuniones de Barkos no son veraces"

El abogado de la acusación ha destacado que Barkos no ha entregado ni un sólo documento que pruebe la celebración de las reuniones. 

Antonio Alberca, abogado de la asociación popular Justitia Et Veritas, minutos antes de entrar al juicio por las dietas de Uxue Barkos.
Antonio Alberca, abogado de la asociación popular Justitia Et Veritas, minutos antes de entrar al juicio por las dietas de Uxue Barkos.  

El abogado de la acusación popular en el juicio sobre las dietas de Uxue Barkos ha aseverado durante la sesión que la actual presidenta del Gobierno presentó justificantes de dietas inveraces, lo que le permitió percibir siempre la misma cantidad durante varios años: hasta 19.000 euros anuales.

Antonio Alberca, a la asociación Justitia Et Veritas ha explicado ante la juez que el consistorio confiaba en la rectitud de los concejales, pero que no autorizaba a falsear sus declaraciones. Alberca ha hecho esta precisión al entender que el sistema de cobro de dietas en Pamplona para los corporativos era irregular, ya que lo había ningún control y se abonaban reuniones de grupo, que se equiparaban a los órganos colegiados (plenos y comisiones).

Sin embargo, estas supuestas reuniones de grupo carecían de justificación. No contaban con actas ni convocatorias ni fechas ni relación de asistentes. La acusación mantiene que Barkos aprovechó la ausencia de control para poder cobrar todas las reuniones posibles a pesar de que estaba en Madrid.

El sistema exigía celebrar las citas en sede municipal y acreditar mediante actas la celebración de las reuniones, algo que ningún grupo municipal cumplía. Sin embargo, Barkos es la única edil con sus dietas en tela de juicio al ser también la única que pasaba buena parte de la semana en Madrid para compaginar su trabajo de concejal con el de diputada en el Congreso.

“Nos llamó la atención de que en sus declaraciones para el cobro de las dietas (13 como máximo al mes con un límite máximo de 156 anuales) Barkos señalaba haber asistido a un gran número de reuniones, algo que parecía a simple vista inveraz habida cuenta de que el Congreso de los Diputados realizaba unas 70 sesiones plenarias al año más comisiones”, ha señalado Alberca.

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Según la acusación, esa inveracidad ha quedado acreditada por la documentación que se ha entregado al tribunal, como son los viajes aportados por el Congreso de Barkos entre Madrid y Pamplona durante esos años, así como los diarios de sesiones y las actas del Congreso.

"Como conocíamos por las actas municipales a qué sesiones del Pleno y de las Comisiones del Ayuntamiento de Pamplona había asistido, pudimos verificar la imposibilidad de su asistencia a las reuniones de su grupo municipal por ella misma declaradas”, ha explicado el abogado de la acusación popular.

También han entregado a la juez el libro publicado por Barkos en 2012 en el que relata lo acontecido en 2011 con el tratamiento de su enfermedad y en el que la propia Barkos explica que se apartó de su actividad política durante meses.

“Sin embargo, ese año declaró haber asistido a 146 reuniones de su grupo municipal, número superó al de reuniones declaradas de los demás miembros del grupo de Nafarroa Bai, lo que significa que en algunos casos se reunió consigo misma”, ha argumentado el abogado.

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Alberca ha presentado un análisis detallado de las reuniones de Barkos en comparación con las de sus propios compañeros, para demostrar que la ahora presidenta era siempre  la que más cobraba, algo imposible si las reuniones eran del grupo municipal y Barkos era, además, la que menos tiempo tenía para estar en Pamplona.

"Esto demuestra, de nuevo, que Barkos inflaba el número de reuniones de grupo hasta el absurdo que de que acudió a más reuniones de grupo que sus compañeros de grupo, lo cual es imposible porque o Barkos se reunía sola o sencillamente sus declaraciones eran falsas", mantiene la acusación sobre sus citas. 

Alberca ha mantenido que el consistorio confiaba en que las declaraciones de los concejales fueran veraces, porque de lo contrario hubiera sido permitir el saqueo de las arcas municipales. 

Según la acusación, Barkos se propuso desde el primer momento percibir la cuantía máxima permitida, lo que le llevo a declarar un número ficticio de asistencias que le permitiera alcanzar dicha cifra. 

En sus conclusiones, el abogado de la asociación ha incidido en que no existe prueba documental alguna que permita conocer la celebración de las reuniones. 


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