• viernes, 29 de marzo de 2024
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TRIBUNALES

El juez de menores afea al Parlamento y al Defensor del Pueblo que duden de las garantías a los encarcelados por la paliza de Alsasua

Javier Enériz trasladó al Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional un texto aprobado por el cuatripartito en defensa de dos menores detenidos por los hechos.

Javier Enériz, Defensor del Pueblo, y Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra.
Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra, y Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento.

El Juez de Menores de la Audiencia Nacional ha respondido de forma contundente y breve al Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, que envió una petición  del Parlamento de Navarra para que se protegieran "los derechos" de dos menores detenidos por su presunta implicación en la paliza en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas. 

"En un Estado de Derecho como el nuestro, no es necesario recordar que se garanticen los derechos fundamentales de los menos o de cualquier ciudadanos, en tanto que constituye una prioridad de este Juzgado la defensa y garantía de los derechos de las personas que se someten a esta jurisdicción", asegura el juez José Luis Castro en su respuesta al Parlamento y al Defensor del Pueblo de Navarra. 

Javier Enériz se erigió en portavoz del Parlamento para trasladar al Juzgado Central de Menores la petición aprobada por el cuatripartito inmiscuyéndose de nuevo en pleno terreno judicial.

El 21 de noviembre la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó una declaración sobre Alsasua en la que se recogía el desacuerdo con la calificación de delito de terrorismo y el encarcelamiento de siete jóvenes, y se pedía al Defensor del Menor medidas adecuadas para que "sean respetados" los derechos de otros dos menores afectados en el causa.

El Defensor del Pueblo de Navarra estimó "oportuno" dar traslado de la misma al Juzgado Central de Menores en Madrid. Enériz aludía también en su misiva al "compromiso" manifestado por el Parlamento con "la paz y la convivencia", y a la "preocupación" expresada por lo ocurrido, "particularmente por la situación" de los dos menores.

Sin embargo, la petición no parece haber sentado muy bien al responsable de menores de la Audiencia Nacional, que ha considerado la petición del Defensor del Pueblo de Navarra y del Parlamento de Navarra fuera de todo lugar con una respuesta en la que deja claro a ambas instituciones que no pueden poner en duda que no se garanticen los derechos fundamentales, menos en un juzgado que precisamente se encarga de velar por los menores de edad.

INJERENCIAS EN EL PODER JUDICIAL

Sobre la misma declaración aprobada por el Parlamento, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández, consideró una "injerencia" el acuerdo aprobado por el cuatripartito que sustenta el Gobierno de Uxue Barkos en el que, entre otros puntos, mostraba su desacuerdo con la calificación como delito de terrorismo de la brutal agresión de Alsasua, así como con las detenciones y los encarcelamientos adoptados por la juez instructora.

En un artículo de opinión que publicó este periódicoFernández expuso que la investigación de las conductas delictivas conforme al ordenamiento procesal, orgánico y material es una función genuinamente jurisdiccional, en la que ha de estar vedada toda pretensión de influencia externa.

"En eso consiste la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces sino que constituye una garantía de los ciudadanos, ya que estos solo podrán ver protegidos sus derechos ante los tribunales si estos son inmunes a cualquier tipo de condicionamiento exterior", aseguró el vocal del órgano de gobierno de los jueces.


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El juez de menores afea al Parlamento y al Defensor del Pueblo que duden de las garantías a los encarcelados por la paliza de Alsasua