El magistrado recoge que Izco autorizó la salida de 2.640.000 millones de euros de las cuentas del club, de los que al menos 1.117.299 € están sin justificar.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona sostiene en la resolución en la que desestima el recurso del expresidente de Osasuna Patxi Izco contra la finaza por importe de 1.486.008 euros impuesta para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de su supuesta responsabilidad en los hechos investigados “que es difícil encontrar más indicios de una apropiación indebida o distracción de dicho dinero por parte del recurrente”.
En el auto, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el juez detalla que, como afirmaba en su resolución recurrida, las múltiples diligencias practicadas “permiten apreciar, sin duda, la existencia de esos indicios racionales de la comisión, por parte del investigado recurrente, de diversos delitos bien de apropiación indebida, bien societarios”. En total, el magistrado cifró el pasado julio en 1.117.299 euros el dinero no justificado por el expresidente de Osasuna, por lo que le impuso una fianza incrementada en una tercera parte —1.486.008 €— en previsión de posibles modificaciones o nuevas revelaciones.
De los atestados policiales y de los informes periciales se desprende, según el juez, que el expresidente autorizó con su firma la extracción en metálico de más de 2 millones de euros de las cuentas del club, de los cuales únicamente consta el destino de una parte de dicho dinero.
“No existe prueba de ningún tipo que se destinara a las finalidades propias del Club Atlético Osasuna, puesto que los supuestos receptores de dichas cantidades han negado ante la policía su percepción”, resalta el juez. Es claro, prosigue, que el recurrente “conocía, consentía y autorizaba estas prácticas claramente irregulares puesto que fue él quien, con su firma, autorizó la extracción de 2.640.000 euros de las cuentas bancarias de Osasuna, supuestamente para hacer pagos a jugadores y empleados de la de la entidad opacos para la Hacienda Pública, pero de las pesquisas policiales y de los informes periciales no se han obtenido pruebas más que del destino de una parte de dicha cantidad”.
Para el juez, Patxi Izco hizo un “uso indebido y en su propio provecho del patrimonio del club”. Según relata, el exmandatario recibió “periódicamente cantidades sin justificación estatutaria alguna ni acuerdo de la junta directiva” y, además, hizo un “uso indebido” de la tarjeta que el club puso a su disposición y con la que el recurrente abonó gastos que, en modo alguno, debían ser satisfechos por Osasuna”.
Así, el juez imputa a Izco el pago de un crucero por el Caribe durante el cual el expresidente reconoció haber efectuado pagos indebidos con la tarjeta de crédito del club. Según el magistrado, Izco podría haber acreditado fácilmente el origen del dinero empleado para pagar el crucero, por ejemplo con los justificantes bancarios de sus cuentas personales o de sus acompañantes, o con las declaraciones de estos. Sin embargo, se mantuvo “en su táctica de negar el hecho sin ofrecer acreditación alguna para corroborar sus afirmaciones”.
Además, respecto de los 76.611 euros que desaparecieron de la caja de Osasuna el último verano en que fue presidente de Osasuna, el juez estima que, dada la ausencia de justificación documental y la declaración del contable, hay “indicios de que fue el recurrente quien dispuso de ese dinero y quien ordenó que no se contabilizara de la manera que consta en los libros y que llamó la atención de los auditores”.
EL JUEZ INVESTIGARÁ TAMBIÉN LA DENUNCIA PRESENTADA TRAS LA AUDITORÍA
Por otra parte, en otra resolución, el magistrado ha aceptado la inhibición del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona referente a la denuncia presentada el pasado 28 de enero por el Club Atlético Osasuna a raíz de la auditoría externa efectuada sobre el periodo 2005-2014, una etapa bajo las presidencias de Patxi Izco y Miguel Archanco.
De esta forma, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 se hace cargo de todas las investigaciones judiciales contra los exmandatarios de Osasuna, salvo las relativas a los supuestos delitos contra la Hacienda Pública denunciados por el Gobierno de Navarra, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital navarra.
