Fernández ha señalado que el poder judicial "no admitirá chantajes ni cederá ante amenazas" y cumplirá "su deber constitucional".
El expresidente del TSJN y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández, ha dicho este miércoles "que nadie dude" de que los delitos que se puedan haber cometido en el proceso independentista en Cataluña "no quedarán impunes".
En su intervención durante la clausura de la reunión anual que celebran los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Fernández ha señalado que el poder judicial "no admitirá chantajes ni cederá ante amenazas" y cumplirá "su deber constitucional".
A su juicio, los responsables de actos que vulneran el orden constitucional "no pueden buscar cobijo tras una sedicente voluntad democrática" y los tribunales seguirán actuando con independencia, sin sujeción a instrucciones partidistas "y en defensa, no de intereses quiméricos, sino de los de los ciudadanos".
Tras mostrar su "absoluto rechazo" a los actos que se están produciendo en Cataluña, el vocal del CGPJ ha recordado "a quienes tanto lucharon y padecieron para que España tuviera una Constitución democrática que ha garantizado el respeto a las minorías, el derecho a la discrepancia, el desarrollo económico y la paz social.
"La Constitución ha hecho posible la libertad y la democracia de todos y para todos. Sin ley no hay democracia, no es cierto que ésta se anteponga a aquella, sin una no existe la otra", ha apuntado.
APOYO A MAGISTRADOS CATALANES
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han advertido este miércoles en el marco del desafío independentista de Catalunya que la "tiranía" llegará cuando las resoluciones judiciales se conviertan en "papel mojado" y han mostrado todo su apoyo a jueces y magistrados catalanes tras las "presiones" recibidas.
"El Estado de Derecho cederá el terreno a la tiranía cuando las resoluciones judiciales queden convertidas en papel mojado", afirman rotundamente los máximos responsables de los tribunales autonómicos en una declaración institucional que han firmado en Oviedo, donde han estado reunidos desde este lunes por unas jornadas anuales.
Los presidentes subrayan que la Constitución "no es un límite para la democracia, sino su mayor garantía" y que la "mayor grandeza" es que permite defender "cualquier idea", aunque sea contraria al orden constitucional. Eso sí, siempre con el respeto a la democracia, los derechos fundamentales y el imperio de la Ley, recuerdan.
En este sentido, aseguran que mantienen su compromiso con el orden constitucional que "ha permitido vivir en democracia y libertad e integrar a todos los españoles, cualquiera que sea su diversidad cultural, política o de creencias".
Por otro lado, han expresado todo el "respeto, solidaridad y apoyo" al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos; a todos los magistrados, jueces y servidores públicos que operan en esa Comunidad Autónoma porque "pese a las presiones sufridas se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho".
La declaración institucional hace hincapié en que es el al Poder Judicial a quien le corresponde la defensa de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en la Ley y destacan que mantener sedes judiciales "cercadas" y "hostigar" a jueces y demás servidores públicos, la "persecución del diferente", así como incumplir las ordenes judiciales son "ataques frontales al Estado de Derecho".
CATALÁ: "LOS INSTRUMENTOS DE LA LEY"
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que si el Parlament convoca un pleno "para promover alguna acción contraria al orden o a sus competencias", el Gobierno central va a cumplir con su obligación "y vamos a utilizar todos los instrumentos que la leyes permiten y que la Constitución establece". Todo ello "cuando corresponda, de manera proporcional, con toda firmeza y cuando sea el momento adecuado", ha sentenciado
Catalá ha señalado que la función del Gobierno es garantizar el cumplimiento de la ley, "y el Gobierno va utilizar todos los mecanismos e instrumentos que la ley pone a nuestro alcance". "Ese es el primer compromiso y obligación de todos los gobiernos y vamos a ejercerla con toda responsabilidad", ha sentenciado Catalá.
