La Fiscalía archivó la investigación en 2017, el Ejecutivo foral presentó entonces una nueva querella que no se admitió y que ahora se ha desestimado.
A la tercera tampoco fue la vencida. El Gobierno de Uxue Barkos ha vuelto a sufrir un revés judicial en su intento de buscar irregularidades en la gestión de la planta de biogás de Ulzama.
La Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso de apelación que el Ejecutivo foral había presentado después de que los jueces no admitiesen su querella contra la empresa adjudicataria de la planta, la compañía cesionaria y el Ayuntamiento de Ulzama.
Esta resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra es firme y cierra así el rosario judicial que había emprendido el Gobierno del cuatripartito en su empeño de judicializar el caso del cierre de la planta de biometanización.
En julio de 2017 la Fiscalía archivó la investigación al no apreciar los supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la obtención de subvenciones y falsedad documental de los que advertía un informe de la Cámara de Comptos.
Dos meses después, en septiembre de 2017, el Gobierno de Barkos se querelló contra las empresas Levenger SL como adjudicataria de la planta, Bioenergia Ultzama SA como cesionaria y el Ayuntamiento de la localidad como promotor del proyecto.
En este caso, los servicios jurídicos del Gobierno foral denunciaban delitos de falsedad documental, malversación, fraude y estafa en los gestores de este proyecto que se puso en marcha para solucionar un problema de los ganaderos en la gestión de purines.
En febrero de 2018, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Pamplona no admitió a trámite la querella del Ejecutivo contra los responsables de la planta de biogás y desmontó en un contundente auto las denuncias por falsedad, malversación, fraude y estafa.
Tras esta negativa a abrir una investigación judicial, el Gobierno sustentado con el apoyo del cuatripartito volvió a la carga con un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra.
Ahora el auto de su sección primera, que ya es firme, pone final a este recorrido por los despachos judiciales sin que ni fiscalía ni magistrados hayan encontrado indicios de delito en la gestión de la planta de biogás de Ulzama.
Paralelamente al recorrido judicial, el cuatripartito también promovió en el Parlamento foral una comisión de investigación sobre la planta. La iniciativa, propuesta por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, contó con el apoyo de todos los grupos excepto de UPN, que se abstuvo.
UPN: "SE TRATÓ DE UNA QUERELLA POLÍTICA"
Por su parte, UPN ha denunciado que “la Audiencia Provincial de Navarra ha dejado al descubierto la pretendida utilización de la Justicia para fines partidistas llevada a cabo por el Gobierno de Uxue Barkos en todo este tiempo”.
Los regionalistas han recordado en un comunicado que la interposición de la querella ahora fallida fue acordada por el Gobierno prescindiendo de informe jurídico que la respaldase. “Los tribunales han vuelto a dejar claro que se trató de una querella política”, han afirmado.
“Es ya la cuarta ocasión en la que los Tribunales descartan cualquier indicio de ilícito penal en torno a este asunto”, han añadido desde UPN.
UPN recuerda, además, que la querella se interpuso mediante el acuerdo de gobierno sin acompañamiento de informe ni del más mínimo aval jurídico. “El único apoyo que la motivó consistió en un insólito escrito que adjuntaron los consejeros Ayerdi y Elizalde, ambos sin formación jurídica, en el que imputaban una serie de supuestos delitos con el único fin de mantener viva de manera fraudulenta una comisión de investigación que carecía de todo sentido, toda vez que un decreto de Fiscalía archivó el asunto”, han afirmado.
Los regionalistas consideran que ambos consejeros ordenaron a la Asesoría jurídica del Gobierno a interponer una querella infundada "para forzar una apariencia judicial que justificase la persecución política". “Tal afirmación no la dice UPN, sino que expresa textualmente la sentencia de la Audiencia Provincial en su fundamento cuarto, en el que indica que nos encontramos ante una querella carente de fundamento”, han añadido los regionalistas.
CONDENA EN COSTAS AL GOBIERNO
Además, la misma sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los querellados por el Gobierno de Navarra y ha condenado en costas a la Administración foral “por actuar de forma temeraria” en este proceso afirmando que “si temeraria fue la interposición de la querella, una vez vistas las resoluciones judiciales, debe considerarse temeraria la interposición del recurso”.
Para UPN, “este varapalo judicial conlleva un desprestigio para la acción jurídica del Gobierno de Navarra que hasta ahora se ha sustentado sobre el criterio previo de los técnicos de la Asesoría Jurídica. Cuando el Gobierno, a instancia de dos consejeros, ha decidido prescindir de este procedimiento, los tribunales han avergonzado al Gobierno por hacer un uso indebido de los recursos públicos”.
A juicio de UPN, “son los consejeros Ayerdi y Elizalde y no el dinero público de todos los navarros quienes debieran asumir personalmente el coste de este injustificado proceso judicial y sus reiterados fracasos”.
“Todo este forzado proceso judicial demuestra que ha sido una persecución y un empeño del cuatripartito por imponer su particular justicia para perseguir a sus adversarios políticos. Un fraude político a costa de todos los ciudadanos y por encima de la verdad y de la honradez de unas personas a las que se les ha ocasionado un desprestigio gratuito y tan infundado como sus fallidas acciones judiciales”, han concluido.
