SALUD

El modelo inédito de guardias telemáticas: la alternativa de los juzgados para evitar contagios

El juzgado de Pamplona fue de los primero lugares en los que se ha fomentado las videoconferencias.

Vista del edificio del Palacio de Justicia de Navarra. ARCHIVO.
Vista del edificio del Palacio de Justicia de Navarra. ARCHIVO.  

El temor al contagio del coronavirus entre el personal judicial, que sigue reclamando más medios de protección, está extendiendo en juzgados de toda España un modelo inédito de "guardia telemática", en que los detenidos declaran por videoconferencia sin moverse de comisaría.

La crisis provocada por la pandemia ha unido en una reivindicación común a jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y funcionarios, un colectivo que está obligado a acudir al juzgado para los servicios esenciales, principalmente guardias de detenidos o violencia machista y otras diligencias urgentes.

La falta de equipos de protección -sobre todo las ansiadas mascarillas- junto al exceso de trabajo presencial son las principales quejas del sector, que se ha visto forzado a improvisar soluciones "caseras" o a procurarse material por sus propios medios, según denuncian a Efe asociaciones y sindicatos.

Las guardias de detenidos son uno de los servicios donde más preocupa la COVID-19, lo que ha llevado a partidos judiciales de toda España a apostar por medios telemáticos para reducir al mínimo el trasiego entre comisarías, calabozos y salas de vistas, una inusitada medida en una administración donde la modernización tecnológica es desde hace años asignatura pendiente.

No solo los decanatos de Madrid y de Barcelona han dictado acuerdos para fomentar las videoconferencias. La iniciativa se multiplica en juzgados de toda la geografía española -Valladolid, Palma de Mallorca, La Rioja, Pamplona o Las Palmas son algunos- y la han abrazado numerosos partidos judiciales pequeños, cuyas reducidas dimensiones pueden propiciar aún más el riesgo de contagio.

Solo en la primera semana de confinamiento, fueron cerca de 200 las declaraciones por videoconferencia en Cataluña, cifra que irá en aumento al sumarse desde ayer al modelo de guardia telemática los juzgados de Barcelona, concentrados en la Ciutat de la Justicia donde, denuncian los sindicatos, los servicios esenciales pueden movilizar a diario a unas 200 personas.

El uso de medios telemáticos en las guardias -que deben ser avalados por el juez de turno con el acuerdo de las partes- evita trasladar a los detenidos a los calabozos de los juzgados para tomarles declaración, de forma que el interrogatorio se lleva a cabo por videoconferencia desde la sala de vistas.

También se permite a los abogados entrevistarse telemáticamente con el detenido sin desplazarse a la comisaría y asistirles, por videoconferencia, en la declaración policial previa a la comparecencia ante el juez.

En algunos partidos judiciales se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de videoconferencias a tres bandas, para que el abogado también pueda participar en la declaración telemáticamente desde su despacho o su domicilio, pero los limitados medios tecnológicos de los juzgados lo impiden en la mayoría de casos.

Los colegios de abogados, como el de Barcelona, se han volcado en facilitar las conexiones a sus miembros cediéndoles terminales informáticos, según explica a Efe Carmen Valenzuela, responsable del turno de oficio de la corporación y una de las voces que más han pugnado por las guardias telemáticas, hasta llegar a advertir de que sus letrados "no pisarían un calabozo" sin protección.

Otras medidas que están adoptando las juntas de los partidos judiciales para evitar la propagación del virus es concentrar en el juzgado de guardia los servicios que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha establecido como urgentes e inaplazables, desde el registro civil a actuaciones en casos de violencia machista.

El trabajo presencial en los juzgados sigue pareciendo excesivo a los sindicatos de funcionarios, que la semana pasada arremetieron contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ordenar a las comunidades autónomas abstenerse de tomar medidas que impidieran garantizar los servicios esenciales.

A raíz del estado de alarma, el Ministerio de Justicia centralizó las competencias sobre personal de justicia, lo que dejó sin efecto órdenes autonómicas como la que dictó la Generalitat para reducir al mínimo la presencia de funcionarios en los servicios esenciales, con un equipo alternativo disponible en su domicilio.

Tampoco las asociaciones de jueces han permanecido ajenas al clamor por una mayor protección frente al coronavirus: tres de ellas -Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- recomendaron prestar el servicio de forma telemática si el CGPJ no les dotaba de protección.

Una advertencia que no suscribió la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, y que fue duramente contestada por el CGPJ, que les reprochó que hiciesen tal planteamiento "pese a la notoria limitación de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como el servicio sanitario".

Mientras tanto, los juzgados de a pie se organizan como pueden. Funcionarios de guardia de Barcelona mostraban esta semana en un vídeo su material profiláctico: mascarillas de tela cosidas en casa, guantes comprados en el supermercado y bolsas de basuras para forrar las sillas que al día siguiente usaría otro compañero. 


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