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Intervienen nóminas, viviendas y vehículos de etarras que adeudan más de 8 millones de euros a la Justicia

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha homenajeado a las últimas víctimas mortales en España, los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

La Guardia Civil interviene varios objetos requisados en una operación antiterrorista en Navarra. EFE/Jesús Diges
La Guardia Civil interviene varios objetos requisados en una operación antiterrorista en Navarra. EFE/Jesús Diges  

El Ministerio del Interior ha informado este jueves de que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 etarras condenados por diferentes delitos de terrorismo relacionados con la banda terrorista por una deuda que superaría los 8 millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como 'kale borroka', según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos miembros de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación 'Zerga', permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas". Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

ZOIDO HOMENAJEA A LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DE ETA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido este jueves en Mallorca que el Gobierno mantendrá con firmeza la política antiterrorista que ha llevado a la derrota de ETA y ha homenajeado a las últimas víctimas mortales en España, los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

Zoido ha presidido un acto de homenaje en el cuartel de la Guardia Civil de Calvià en recuerdo de los dos jóvenes agentes asesinados por ETA el 30 de julio de 2009 en Palmanova al hacer estallar una bomba lapa en el coche patrulla en el que viajaban.

El ministro ha colocado una corona de flores ante un retrato de los dos guardias civiles asesinados junto con la madre de Diego Salvá, Montse Lezaun, con la que ha conversado durante unos minutos acompañado de los mandos del instituto armado en Baleares y de la delegada del Gobierno en las islas, Maria Salom.

Antes de este acto, tras presentar en un hotel de la Playa de Palma el Plan Turismo Seguro, Zoido ha destacado que la memoria de las víctimas será la premisa de la política del ejecutivo tras el anuncio de disolución de ETA, que no es más que la asunción de una derrota alcanzada "hace años".

"Toda la sociedad, el estado de derecho, las fuerzas de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, la comunidad internacional y las víctimas han sido los que han derrotado a ETA", ha destacado el ministro, que ha insistido en que "no va a haber impunidad ni cualquier tipo de contraprestación".

"Nada se les dio por dejar de matar y nada van a obtener porque ahora hayan hecho esta declaración de disolución", ha enfatizado el ministro, que rechaza participar en el foro de diálogo sobre los presos terroristas propuesto por los gobiernos del País Vasco y Navarra, porque puede "ser utilizado por ETA para blanquear su historia criminal".

"El relato es uno (...). Con la memoria de las víctimas del terrorismo no se pueden hacer experimentos ni se pueden hacer cambalaches", ha manifestado.

Montse Lezaun, que ha agradecido el homenaje a su hijo y a su compañero asesinados, ha explicado a EFE que también a ella le ha manifestado el ministro que no habrá un cambio en la política penitenciaria por la disolución de ETA, aunque ha expresado sus "dudas" sobre que se mantenga este compromiso.

"Yo para ver a mi hijo me tengo que ir al cementerio. Ellos no tienen porqué acercar a nadie a cambio de nada", ha sostenido.

El "paripé" del anuncio de disolución de la banda terrorista no significa "nada en absoluto" para esta víctima de ETA, que promete luchar para que "tantas vidas rotas" no caigan en el olvido.

La polémica por un posible acercamiento de presos al País Vasco también han estado presente en el tercer acto en el que ha participado este jueves en Mallorca Zoido, la clausura del congreso de la Confederación Española de Policía (CEP), en la que ha sido premiado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

La presidenta de esta asociación, Consuelo Ordóñez, ha advertido ante el ministro que "no caben malabarismos, ni negociaciones indecentes ni atajos para facilitar excarcelaciones que contenten al nacionalismo".


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