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El fiscal recurre también la no imputación porque los amaños buscaban la salvación de Osasuna

La fiscalía mantiene que los directivos actuaban en nombre y representación del Club Atlético Osasuna.
 

El exdirectivo Txuma Peralta se dirige al Palacio de Justicia a declarar. PABLO LASAOSA.
El exdirectivo Txuma Peralta se dirige al Palacio de Justicia a declarar. PABLO LASAOSA.  

La fiscal asegura en el recurso presentado contra la decisión del juez de rechazar la imputación de Osasuna como persona jurídica que “los presuntos actos delictivos que fueron realizados por los directivos del club, en nombre y representación del Club Atlético Osasuna, buscaban un concreto beneficio y provecho para el mismo, que no era otro que conseguir su permanencia en primera división”.

De esta forma, la fiscal rebate la afirmación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, quien sostenía en su auto que Osasuna “no puede ser considerado autor de ningún delito de corrupción deportiva sino víctima de los ilícitos comportamientos que, indiciariamente, han protagonizado algunos de sus directivos y empleados”.
 Según el juez, los supuestos delitos investigados no se cometieron en provecho de Osasuna.

Para el magistrado, "la posibilidad de que Osasuna se mantuviera en la categoría era tan remota y dependía de tantas variables incontrolables y, a la par, estadísticamente improbables, que dicha circunstancia excluye que quepa considerar que los directivos y empleados del club, presuntos autores de los delitos de corrupción deportiva, actuaran en provecho del club desde un punto de vista objetivo".

La fiscal, sin embargo, difiere de esta afirmación, ya que, según explica, “pactando unos resultados que beneficiaban al club, primando a los jugadores de un club, o pagando a un club para que consintiese empatar o perder frente a Osasuna, se obstaculizaba o impedía el descenso a segunda división, que tantos perjuicios económicos causaba al club deportivo”.

Por otra parte, en su recurso, la fiscal también discrepa de la afirmación del juez de que en Osasuna había mecanismos de control para prevenir los hechos delictivos, pero que estos no funcionaron como debían. Según apunta en su recurso, “los autores materiales de los delitos de corrupción de particulares son las personas físicas del club con funciones de representación legal, administración de hecho o derecho, al tratarse de su gerente, su presidente y vicepresidente y los restantes directivos. “Por ello, las cuestiones relativas a los mecanismos de control, supervisión y vigilancia para evitar delitos no les son de aplicación”, asevera.

Según la fiscal, el juez exponía en su auto que Osasuna no es una entidad cuyo objeto venga determinado por una finalidad puramente económica y que ganar dinero es algo completamente ajeno a la finalidad del club. Asimismo, la fiscal difiere del juez en el sentido de que los presuntos amaños de partidos, la actuación delictiva de los directivos y empleados del club, no lo fueron en provecho de la entidad.

"Tampoco estamos de acuerdo con estas manifestaciones: resulta obvio que el fútbol es, además de un deporte, un negocio donde hay muchos y elevados intereses económicos que benefician a muchas personas físicas y jurídicas, pero sobre todo a los clubes de fútbol, de ahí que la permanencia en primera división sea el objetivo prioritario de todos los clubes, pues es donde tienen muchos más ingresos económicos", rebate la fiscal.

Para ella,  es público y notorio que jugar en primera división no es lo mismo que jugar en segunda división: los derechos de retransmisión televisiva son muy distintos, siendo uno de los ingresos más elevados que tiene un club de fútbol de primera división; el 'merchandising' también cambia, se vende más productos del club y a mayor precio; el numero de abonados de un club de primera es por regla general distinto que en segunda, así como por ejemplo el valor de sus abonos o entradas.

"Así que, por supuesto, al Club Atlético Osasuna, en la temporada 2013/2014 le interesaba económicamente, al margen de otros intereses, mantenerse en primera división, y por ello, sus directivos, gerente y algunos empleados, recurrieron a la presunta corrupción deportiva para conseguir esa permanencia en primera división. Es claro que el beneficio económico es para el club, pues en este caso no va a haber reparto de beneficios o dividendos como en el caso de una sociedad anónima o limitada", concluye la fiscal.

"El Club Atlético Osasuna debe ser imputado por los delitos de corrupción deportiva y se le debe dar la oportunidad de defenderse, aportar elementos de prueba y ser oído, con el fin de poder valorar a posteriori lo que proceda sobre la existencia o no de medios de control, su operatividad y eficacia, la existencia de una conducta dolosa o culposa", reitera la fiscal, que añade que será en el juicio donde, tras valorar las pruebas, se deberá determinar si existe o no culpabilidad en la actuación de Osasuna.


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