José Manuel Maza ha puesto España como ejemplo de lucha contra el terrorismo para otros países que combaten también los ataques yihadistas.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha destacado que el "problema" del terrorismo de ETA "se ha resuelto sólo con el imperio de la ley, sin salirnos de madre, sino simplemente aplicando la ley".
El fiscal general del Estado ha impartido este viernes en Pamplona una conferencia bajo el título 'Modificaciones procesales: la instrucción por el fiscal', una charla organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y CaixaBank, a la que han asistido, entre otros, la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; la directora general de Justicia del Gobierno foral, Lourdes Aldave; y el presidente del TSJN, Joaquín Galve.
Ha sido preguntado por el anuncio de desarme de ETA el próximo 8 de abril, tras el cual "parece ser que con la entrega de las armas se acabó el terrorismo de ETA en este país", ha dicho. "Lo que me provoca la situación del día 8 es esta sensación de que se ha resuelto el problema sólo con el imperio de la ley, sin salirnos de madre, sino simplemente aplicando la ley".
En este punto, ha querido realizar una reflexión "todavía mucho más importante que vengo haciendo durante mis años de magistrado". Ha remarcado así que pese a que "los españoles siempre nos estamos azotando y diciendo lo malos que somos, hemos sido capaces de acabar con un problema como ETA exclusivamente con el imperio de la ley, con el Estado de Derecho, sin recurrir a otras cosas como otros países muy democráticos, como situaciones de excepción o neurosis en las calles".
"La sociedad española, las víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, los abogados, todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia poquito a poco hemos sido capaces de sólo con la herramienta del Estado de Derecho y la ley acabar con este fenómeno", ha remarcado.
"LA FISCALÍA SEGUIRÁ APLICANDO LA LEY"
En opinión del fiscal general del Estado, "muchos tendrían que aprender de esto y de hecho muchos reclaman a las autoridades españolas apoyo e información". "Belgas, alemanes o franceses están pidiendo consejo e información sobre cómo combatir el terrorismo yihadista, un terrorismo diferente, pero nosotros por desgracia tenemos experiencia", ha aseverado.
Por otro lado, preguntado por si el desarme de ETA puede conllevar algún cambio en la política penitenciaria o en el criterio de la Fiscalía en los procesos judiciales, José Manuel Maza ha subrayado que "la Fiscalía no hace las leyes, no dirige la política, ni la política criminal" y que "se atiene a lo que marca la legalidad".
De este modo, el fiscal general del Estado ha afirmado que "la Fiscalía seguirá aplicando lo que considere que es la ley y la norma que hoy tenemos".
"Si se deciden cambios en otros sentidos será cuestión de ellos, las decisiones sobre la política penitenciaria tampoco corresponde a la fiscalía", ha comentado, para incidir en la idea de que a los fiscales les corresponde "acatar y cumplir lo que diga la ley".
"LA LENTITUD JUDICIAL ES UN PROBLEMA NACIONAL"
El fiscal general del Estado ha advertido de que "la lentitud de la justicia penal es un problema nacional que afecta a la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", por lo que "hay que ponerle remedio", y ha asegurado que para "este problema gravísimo" la solución "es el cambio de modelo procesal, cambiar la instrucción por la investigación por parte del fiscal".
"Si la justicia penal fuera realmente ágil rápidamente se abrirían las ventanas y no se pudrirían los asuntos, una justicia penal que tarda ocho años o seis o nueve está promoviendo que la ciudadanía cada vez más tenga una desconfianza respecto a las instituciones y el sistema porque todos los días durante ese tiempo se está removiendo ese asunto", ha remarcado Maza.
En su intervención, Maza ha sostenido que el próximo servicio que el Ministerio Fiscal debería cumplir con la sociedad española "no es otro que esto de lo que se ha hablado, si debe asumir o no la investigación de las causas criminales". Según ha dicho, "se trata de cambiar una fase del procedimiento penal que es la instrucción por otra que es la investigación", una modificación que "no es algo que estemos inventando", sino que "somos los últimos que llegamos a eso", ya que "en todos los países los que investigan los delitos son los fiscales".
"Nos enfrentamos a una delincuencia terriblemente compleja, con causas penales en las que se llega a tener 300 personas investigadas, en los cuales el juez de instrucción llega a ser un cuello de botella, se está produciendo una lentitud que es uno de los principales problemas de la Justicia, de la sociedad y de nuestro país", ha sostenido.
En su opinión, para resolver este "gravísimo problema" se debería proceder a "un cambio de modelo procesal, cambiar la instrucción por la investigación por parte del fiscal", de tal modo que "el fiscal conozca, vea, sepa las pruebas con las que puede contar, qué testigos son, qué dicen los documentos, y una vez visto eso tomar la decisión de llevar el asunto a los tribunales o no llevarlo".
Para el fiscal general del Estado, "por muchos medios que se pongan, el problema de la dilación de los procedimientos penales en la investigación no se solucionarán si no se cambia el modelo procesal".
No obstante, ha puesto en valor al juez de instrucción, que "ha cumplido una función extraordinaria hasta el punto que hemos gozado de una calidad de justicia en España, incluso en momentos duros". "La figura del juez de instrucción ha sido importante, pero en su momento histórico", ha planteado.
Según ha indicado, el cambio de modelo procesal para que sean los fiscales quienes lleven la investigación "tiene problemas técnicos como en qué momento en la fase de investigación se da entrada a las acusaciones" y se ha referido por ejemplo a la figura de la acusación popular, que tiene "unas luces y sombras importantes". "España es el único país salvo Nicaragua que tiene la acusación popular", ha asegurado.
VOLUNTAD PARA PERMITIR AL FISCAL DIRIGIR LA INVESTIGACIÓN
El fiscal general del Estado ha asegurado que le "consta" que hay una "decidida voluntad política" por parte del Gobierno central para llevar a cabo esta modificación, pero ha subrayado que "la situación parlamentaria actual hace que esto tenga dificultades". En cualquier caso, ha confiando en que "esto un día u otro se producirá porque es de razón absoluto y de integración en el resto de ordenamientos jurídicos".
Además, Maza ha destacado que ya ha habido dos borradores de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de la época del Gobierno de Zapatero y el segundo de la época de Rajoy, y que "en ambos el aspecto de la investigación de los delitos se atribuye a los fiscales, con diferentes técnicas". "Me gusta más el primero, porque me parece más ágil", ha comentado.
Por otro lado, en su conferencia, el fiscal general del Estado ha resaltado que la Fiscalía es una institución "desconocida", pese a ser "muy rica". Según ha dicho, en la actualidad hay en torno a 2.500 funcionarios dedicados al Ministerio Fiscal de "una altísima capacitación jurídica y moral".
LA FUNCIÓN DEL FISCAL "PARA PROTEGER A LA SOCIEDAD"
"Los fiscales no sólo se dedican a ejercer la acción pública, que es lo nuclear de su función, sino que realizan otras muchísimas funciones a favor de la sociedad y para proteger los derechos de la sociedad en su conjunto", ha remarcado.
En este sentido, ha resaltado que los fiscales "protegen a los discapacitados, protegen a los menores, protegen a los consumidores o visitan las residencias de ancianos para protegerles". "Los fiscales cumplen una función social amplísima y lo hacen con unas características específicas", ha resaltado, para agregar que ha conocido que la carrera fiscal se caracteriza por "un trabajo en equipo, solidario, con una enorme lealtad institucional".
Así, ha reivindicado que los jueces "tienen una serie de valores importantísimos que desarrollan cada día pero que no son conocidos por la sociedad" y ha defendido que "hay que poner en valor esa tarea que los fiscales hacen día a día", una actuación que se basa en los principios de "legalidad e imparcialidad". "Sus peticiones siempre se rigen por la imparcialidad, intentan que sobre todo se cumpla la ley independientemente de a quien tengan que dar la razón", ha asegurado.
