• lunes, 17 de enero de 2022
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TRIBUNALES

Las familias de presos etarras anuncian casi 300 demandas para exigir el acercamiento de los terroristas

De las 285 demandas, 21 se corresponden a peticiones de computación de penas cumplidas en otros países.

Carteles en favor del acercamiento de los presos etarras. EFE
Carteles en favor del acercamiento de los presos etarras. EFE

Las abogadas Amaia Izko y Haizea Ziluaga han anunciado este viernes 27 de enero que presentarán un total de 285 demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en contra de la política de dispersión y de la no computación en España de las penas cumplidas en Francia por algunos presos de ETA.

Izko y Ziluaga han hecho este anuncio en una rueda de prensa que han ofrecido hoy en San Sebastián junto a Naike Díez y Patricia Vélez, portavoces de la asociación de familiares de presos Etxerat.

Durante su comparecencia las abogadas han explicado que de estas 285 futuras demandas, 261 se corresponden a casos de dispersión y las 21 restantes se refieren a la no computación de penas cumplidas en otros países europeos.

Durante su comparecencia, Izko se ha centrado en explicar el caso del jefe militar de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, el único que hasta ahora ha llegado a Estrasburgo por un asunto de dispersión y alejamiento, tras agotar en España la vía administrativa y judicial, ya que primero fue rechazado por Instituciones Penitenciarias, posteriormente por el Juzgado de Vigilancia, luego por la Audiencia Nacional y finalmente por el Tribunal Constitucional.

La letrada ha explicado que las denuncias ante el TEDH por el alejamiento de los presos se "canalizarán", al igual que la de Kantauri, a través de la presunta vulneración" del derecho a la vida familiar de los reclusos, quienes debido a la dispersión "reciben muchas menos visitas de las que recibirían" estando en prisiones próximas a sus lugares de origen.

Algo que, según la abogada, supone una "injerencia ilegítima en el derecho a la familia" porque "no tiene previsión legal alguna", ya que la legislación española "no prevé la medida de dispersión para ningún preso".

Ha indicado además que uno de los principios de la normativa penitenciaria y penal es la reinserción y por lo tanto "el cumplimiento de las condenas en condiciones que favorezcan la resocialización" del interno como "la cercanía a su familia y a su entorno social".

Ha lamentado también que "a día de hoy se siga justificando" el alejamiento "en aras a la lucha antiterrorista", cuando "hace cinco años que ETA dejó absolutamente su actividad" y "hace años también que el colectivo de presos hizo una apuesta por vías exclusivamente políticas y democráticas".

Izko ha recordado que en la actualidad, en España, 229 presos se encuentran en cárceles que distan entre 500 y 1.100 kilómetros de sus domicilios, mientas que otros 32 lo están en prisiones situadas entre 300 y 500 kilómetros de sus lugares de origen.

"Tenemos intención de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo absolutamente todas estas situaciones, porque entendemos que en todas se vulneran derechos fundamentales", ha dicho Izko, quien no obstante ha expresado su deseo de que la situación pueda resolverse antes "con un cambio de voluntad política" y "un respeto escrupuloso de los derechos fundamentales"

Su compañera, Haizea Ziluaga, se ha referido a las demandas de los presos que reclaman que las penas cumplidas en otros países europeos, como Francia, sean computadas en las sentencias dictadas en España, tres de las cuales (presentadas por Alberto Plazaola, Santiago Arróspide y Francisco Múgica Garmendia) ya han sido registradas ante el TEDH, tras agotar la vía judicial en España.

Según Ziluaga, otras 21 ya se encuentran "preparadas" para ser registradas, aunque en total son 50 internos los afectados por esta situación que irán formalizándolas conforme sus recursos vayan siendo rechazados en nuestro país.

La abogada ha aclarado que estas demandas responden a una "decisión marco" europea que dice que "todas las sentencias dictadas en todos los estados de la Unión Europea tienen equivalencia entre ellas". No obstante, según esta letrada, la Ley 7/2014, creada para "introducir en el ordenamiento español" la norma europea "no traspone las penas como debe de hacerlo" y "hace imposible la acumulación de las condenas".

Por su parte, la portavoz de Etxerat, Patricia Vélez, ha afirmado que su asociación "no duda de que el pronunciamiento del TEDH será favorable" a las demandas, aunque se ha mostrado confiada en que la "desactivación" de la dispersión y de la no computación de las penas "llegue antes" que las resoluciones de Estrasburgo.


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