Dicen confiar en la justicia y reclaman que la instrucción del caso vuelva a la Audiencia Provincial, que es "donde comenzó y nunca debió salir".
Familiares de los jóvenes imputados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han afirmado este miércoles que acogen "con agrado" la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el proceso hasta que el Tribunal Supremo dirima la cuestión de competencia que se ha planteado. Los jóvenes continúan encarcelados.
La instrucción de los hechos, que tuvieron lugar el 15 de octubre 2016 en un bar de Alsasua, recayó inicialmente en la Audiencia Provincial de Navarra, aunque a los pocos días la Audiencia Nacional calificó los hechos como delito de terrorismo y asumió la competencia del caso.
No obstante, la Audiencia Provincial de Navarra, en un auto del 23 de marzo, estimó que en este caso no existen indicios de la comisión de un supuesto delito de terrorismo y consideró que la causa debía volver a instruirse en el juzgado ordinario.
El caso está pendiente de que el Tribunal Supremo dirima el conflicto de jurisdicción y a qué juzgado compete la instrucción.
Los familiares de los jóvenes imputados se han concentrado nuevamente junto al Monumento a los Fueros, en Pamplona, portando una pancarta con el lema "#Altsasu no es terrorismo" y carteles en castellano y euskera en los que podía leerse "Solo pedimos justicia".
"SE QUISO CASTIGAR A TODO EL PUEBLO"
Al término de la concentración, Isabel Pozueta y Edurne Goikoetxea, madres de dos jóvenes imputados, han leído un comunicado en el que critican la "manera sensacionalista" con la que se ha tratado este asunto en algunos medios de comunicación.
"Se quiso castigar a todo el pueblo de Altsasu, dando una imagen de él completamente manipulada. La gente de Altsasu se sintió enfadada y agredida", se asegura en el escrito.
Los familiares de los jóvenes imputados muestran su confianza en la justicia y reclaman que la instrucción del caso vuelva a la Audiencia Provincial, que es "donde comenzó y nunca debió salir".
También solicitan que predominen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y la puesta en libertad de los tres jóvenes que siguen encarcelados.
Han agradecido asimismo su apoyo a los 83 alcaldes de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa que han firmado un documento en el que piden que el caso vuelva a la Audiencia de Navarra.
