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"Seguiremos la batalla jurídica": los familiares de los agresores de Alsasua anuncian una nueva movilización

Considera que la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas de 2 y 13 años de cárcel, "demuestra su afán de venganza".

Familiares de los agresores de Alsasua condenados a penas de 2 a 13 años de cárcel, durante la rueda de prensa en Pamplona. EFE/Jesús Diges
Familiares de los agresores de Alsasua condenados a penas de 2 a 13 años de cárcel, durante la rueda de prensa en Pamplona. EFE/Jesús Diges  

Familiares de los condenados por la brutal paliza a los dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, englobados en el grupo Altsasu Gurasoak, y la plataforma Altsasukoak Aske han considerado que la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas de 2 y 13 años de cárcel, "demuestra su afán de venganza", y han destacado que seguirán "en la batalla jurídica".

Representantes de ambos colectivos han celebrado este sábado una rueda de prensa en Pamplona en la que han leído un comunicado en el que han lamentado que "llevamos dos años y medio desde que nos metieron en un túnel de sufrimiento y dolor, en el que no podemos ver la luz".

Asimismo, han hecho un llamamiento a movilizarse las próximas semanas. De hecho, han convocado una manifestación para el próximo 24 de marzo, a las 12 horas en la avenida Pamplona de Alsasua, bajo el lema "Esto no es justicia. Altsukoak aske".

Han afirmado que la Audiencia Nacional "no es un órgano de justicia", y han considerado que en la reciente sentencia "se demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad".

Una sentencia que "vuelve a castigar a nuestros jóvenes con condenas claramente desproporcionadas". "Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad, las penas de tantos años de cárcel es una barbaridad", han subrayado. "Por un tobillo roto se imponen penas de privación de libertad de 72 años, hay delitos mucho más graves que reciben penas menores", han remarcado.

En este sentido, han apuntado que "en el mismo año en el que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad", y "ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos".

ACUSACIÓN DE ​"ABUSO DE PODER"

Los familiares de los condenados han rechazado "la utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha realizado la Audiencia Nacional, con la juez instructora Lamela como responsable máxima" y que, han aseverado, "buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra". "No se los condena por terrorismo, pero se les imponen penas como si fueran terroristas, todo esto ha sido y es un abuso de poder", han censurado.

"No es solo una cuestión de desproporción, es un secuestro de los principios que deben regir la acción del sistema judicial: se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a una investigación neutral, a un tribunal imparcial y el principio de que la carga de la prueba recae en la parte acusatoria y que se deben demostrar los hechos más allá de la duda razonable", han remarcado.

Igualmente, han rechazado la "utilización del agravante de discriminación ideológica" que "abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos que en absoluto se corresponden con un Estado social de derecho y con el respeto a los derechos y libertades fundamentales".

Por otro lado, han hecho hincapié en una "evidencia que echa por tierra toda la sentencia y cuestiona la veracidad del relato de las acusaciones" y que demuestra, han asegurado, "que los denunciantes han mentido e introduce serias dudas sobre la veracidad del relato".

IDENTIFICACIÓN POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS

Se han referido de esta manera a un vídeo que recoge "los instantes posteriores a los hechos encausados y donde se observa al sargento de la Guardia Civil buscando a personas que participaron en los hechos". "No se le ha dado suficiente relevancia al hecho de que cuando está buscando a sus supuestos agresores, en el vídeo se observa que se encuentra cara a cara con tres de las personas imputadas en este caso y no los identifica como agresores", han resaltado. "Si no los identifica instantes después de los hechos teniéndolos cara a cara, cómo es posible que los reconozca en unas ruedas de identificación días después o a través de fotos", se han preguntado.

Altsasu Gurasoak y Altsasukaok Aske han incidido en que "la única prueba de la parte acusatoria frente a todos los testigos y pruebas llevadas por las defensas ha sido el relato de los denunciantes". "La sentencia se basa únicamente en ese relato para poder incriminar a nuestros jóvenes", han insistido.


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