• viernes, 29 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Santos alaba su gestión de la Justicia en la crisis y hasta sus socios le acusan de "autocomplaciente"

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia señala que su gestión  “ha permitido salvaguardar la salud”.

El consejero de Políticas migratorias, Eduardo Santos, en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
El consejero de Políticas migratorias, Eduardo Santos, en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha defendido la gestión de personal en el ámbito de la Justicia en Navarra durante el confinamiento porque “ha permitido salvaguardar la salud”.

En concreto, ha citado que “la incidencia de contagios del personal de Administración de Justicia está por debajo de la media del conjunto de la sociedad navarra”. Ha cifrado en ocho personas contagiadas, de entre las “772 incluyendo magistratura, letrados, gestores, cuerpos transferidos, médicos forenses y personal de la dirección general de Justicia”.

Asimismo, en comisión parlamentaria, ha señalado que durante estos más de dos meses “se ha garantizado el personal y los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo de esos servicios esenciales”. En este periodo, ha recordado, se han se han dictado cinco resoluciones en materia de personal por parte de la dirección general de Justicia.

Ha citado como servicios que han estado plenamente en funcionamiento durante el proceso de confinamiento el Registro Civil, “asegurando la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios con uno de los contrayentes en riesgo de muerte”.

También el Servicio de Atención a las Víctimas, que “ha estado operativo en todo momento” y ha derivado 55 casos, en los que 40 se ha intervenido de forma telemática y los otros 15 “están a la espera de poder iniciarse presencialmente”.

El Servicio de asistencia psicológica a las víctimas ha mantenido sesiones telemáticas de asesoramiento psicológico y ha funcionado durante marzo y abril, con una interrupción de “solo 9 días”. A partir del 23 de marzo empezaron las atenciones telemáticas y el pasado 4 de mayo se abrieron las oficinas presenciales.

El programa de terapia para maltratadores ha visto reducida la cifra de usuarios de 123 en febrero a 82 en abril. Santos ha explicado que la bajada se produce porque no se permitió la entrada a psicólogos al centro penitenciario".

En este sentido, ha comentado que se trata de una “situación que ahora mismo se está negociando con la dirección del centro”.

Durante el confinamiento, se han celebrado 109 sesiones de mediación, con el cierre de 28 casos, “20 de ellos con acuerdo entre las partes”.

Por último, ha indicado que se han realizado “múltiples gestiones" con el centro penitenciario y con el Ministerio del Interior sobre "circunstancias relativas a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

En concreto, ha citado las cuestiones referentes a comunicaciones, visitas, asistencia letrada, salud mental, drogodependencias, o traslados, “manteniendo una comunicación permanente con el tejido asociativo que tiene relación con la prisión”.

Respecto al futuro, ha dicho que su departamento buscará el acercamiento de la Justicia a la ciudadanía, a través de la aproximación del lenguaje de la administración de justicia y “hacerlo inclusivo para visibilizar la igualdad”.

Ha aludido también a la necesidad de “mejorar la atención a las víctimas”, especialmente en materia de violencias machistas de acuerdo con la legislación internacional, el Convenio de Estambul “y con especial atención también a la infancia” y ha apostado por la transformación digital, “con la implantación definitiva del expediente digital judicial”.

SUS SOCIOS LE ACUSAN DE "AUTOCOMPLACIENTE"

Desde Navarra Suma, Jorge Esparza ha pedido que se activen los plazos procesales y ha solicitado que se combatan los plazos de esa antigua normalidad y que la nueva normalidad traiga cuestiones corregidas y que sea Navarra quien lidere ese cambio.

Ha recordado que en ocasiones la Administración de Justicia ha tenido que “echar mano de recursos personales” para cumplir con los procesos telemáticos impuestos por el estado de alarma.

Por el PSN, Inmaculada Jurío ha agradecido el trabajo que implica este departamento por “las competencias compartidas con el CGPJ y la Administración de Justicia” y ha alabado la “total coordinación y cooperación todos los implicados”.

También ha señalado la labor realizada para asegurar “los derechos para todas las personas” durante el periodo de estado de alarma.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha agradecido a todos los operadores jurídicos su trabajo, "nunca han hecho dejación de sus funciones”.

Ha recordado que a las personas presas “se les ha suprimido las salidas a las personas con derecho a salir” y que ha supuesto varias negociaciones desde el departamento de Justicia, por lo que ha pedido la competencia penitenciaria para “tener una respuesta más rápida”.

Por EH Bildu, Patricia Perales ha tildado el discurso de Santos de “autocomplaciente” porque “no se ha atendido a los derechos de todas las personas” ha indicado que “hay muchas personas sin papeles y sin regular” y ha recordado la paralización en la Oficina de Extranjería con “un colapso y muchos expedientes paralizados” por lo que se prevé “una lista de espera tremenda”.

En relación con las personas presas ha recordado las denuncias de asociaciones como Salhaketa sobre la atención en la cárcel porque “no se ha garantizado ni la atención médica”, una cuestión que ha tildado de “muy grave”.

Desde Podemos-Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez ha señalado que desde Políticas Migratorias “se han acordado medidas para establecer una hoja de ruta que nadie preveía en su trabajo” y que ha obligado a trabajar “al día”.

Ha alabado que se hayan dado “instrucciones claras en nueve idiomas, que afecta a 100.000 personas que conviven en Navarra”, algo que “no se había hecho nunca antes”.

Por último, desde I-E, Marisa de Simón ha alertado de la “explotación laboral que están sufriendo personas migrantes, en el trabajo en el campo o en el cuidado de personas” por lo que ha pedido “abordar mejor este tema en un futuro”. 


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