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Remírez (PSN) promete que serán "ágiles", pero aún no sabe si el Gobierno recurrirá las sentencias del euskera

El vicepresidente del Gobierno foral ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden general "inseguridad jurídica" a varios funcionarios sin plaza consolidada.

Javier Remírez, consejero y vicepresidente, a su llegada a la comparecencia para explicar las consecuencias en el ámbito de Función Pública de la ejecución de las sentencias del TSJN sobre el decreto foral del euskera. MIGUEL OSÉS
Javier Remírez, consejero y vicepresidente, a su llegada a la comparecencia para explicar las consecuencias en el ámbito de Función Pública de la ejecución de las sentencias del TSJN sobre el decreto foral del euskera. MIGUEL OSÉS  

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha manifestado, tras las sentencias del TSJN que anulan algunos de los principales artículos del decreto foral del euskera, que es objetivo del Ejecutivo "optar por el escenario que genere la mayor certidumbre y seguridad jurídica" y ha asegurado que todavía el Gobierno "no ha decidido si recurrir o no".

Ha afirmado así que serán "ágiles" pero "previo estudio riguroso y viable". "Y no nos referimos solo a una mera decisión del ámbito procesal, de recurso sí o no, sino a toda una serie de medidas que doten de coherencia, rigor y seguridad jurídica, así como cumplir con la normativa foral vigente, es decir, la Lorafna, la Ley Foral del Euskera y el decreto foral 103/2017, además de toda normativa anexa que sigue vigente", ha dicho, para mostrarse favorable de elaborar una "nueva normativa" con "consenso" de los grupos; "un acuerdo de largo recorrido".

En una comparecencia parlamentaria, Remírez ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" a aquellos trabajadores públicos que "han logrado su plaza desde noviembre de 2017 vía concurso-oposición o de traslado con arreglo a procedimientos aprobados al amparo del decreto foral señalado que sean firmes: su plaza está consolidada y no es sujeto de revisión y todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de la LJCA".

Según ha añadido, "cuestión diferente es la de aquellos procesos que se hayan convocado con posterioridad al 30 de noviembre de 2017 y a fecha de hoy no hayan adquirido firmeza". "En estos casos, dichos procesos pudieran verse afectados en función de los escenarios que se presenten", ha expuesto.

Remírez ha manifestado así que "en el caso de que las sentencias del TSJN devengan firmes por no presentarse recurso alguno, sería de aplicación en los procesos señalados la normativa vigente en ese momento, es decir, el decreto foral 103/2017 con los artículos ya anulados o sustituidos por otra normativa a la que se refiera, teniendo plena eficacia jurídica en los procesos pendientes".

Sin embargo, ha añadido, en los casos en que las sentencias del TSJN no devengan firmes por la presentación de recurso de casación podría pasar que "las partes no recurrentes pidan la ejecución provisional y se admita dicha ejecución provisional con arreglo al artículo 91 LJCA, como es criterio general, se aplicaría ya el decreto foral 103/2017 sin aplicar los artículos ya anulados" o que la pidan y "no se admita y se aplicaría el decreto foral 103/2017 íntegramente, incluidos los artículos ya anulados".

Ha manifestado el consejero que estos dos últimos casos "sí crearían un horizonte de cierta inseguridad jurídica ya que supondría que los procesos de selección pendientes que se ejecutarían con arreglo al decreto foral 103/2017, serían objeto de revisión si la resolución final del recurso de casación es contraria al criterio aplicado durante este periodo transitorio".

CONCURSOS CONCRETOS

Javier Remírez ha insistido en trasladar un "mensaje de tranquilidad" a las personas que han participado en procesos de ingreso por oposición y ha concretado que "718 plazas de diferentes convocatorias con 21.598 participantes no están afectadas por la sentencia porque son procedimientos de ingreso por oposición donde no se valoran méritos".

Según ha dicho, "de los procedimientos de provisión, hay 252 plazas que afectan a 199 personas que tampoco están afectadas porque, a pesar de tratarse de procedimientos de provisión, son procedimientos ya firmes". "Insistimos en que todos los procesos firmes que se pusieron en marcha tras la entrada en vigor del decreto foral controvertido quedan al margen de esta sentencia por lo que las personas que obtuvieron plaza, la tienen asegurada", ha aseverado.

El consejero ha señalado que hay procesos que pueden verse afectados. Por una parte, ha expuesto, "nos referimos a aquellas plazas que están en procedimientos donde se ha valorado el euskera y a día de hoy no son firmes: un total de 410 plazas de procedimientos de ingreso y 1.516 plazas de procedimientos de provisión". "Sin embargo, los efectos que tiene la eventual ejecución de la sentencia no alcanzan a todas las plazas señaladas puesto que estos se verán cuando se ejecute la sentencia procedimiento a procedimiento", ha precisado.

Por otra parte, ha indicado que hay 1.095 plazas provenientes de las ofertas públicas de empleo correspondientes a los años 2017 y 2018 que están pendientes de convocarse. "La convocatoria de las 1.095 plazas deberá aprobarse en el plazo máximo de 3 años desde la aprobación de la respectiva OPE puesto que de lo contrario se perdería la posibilidad de convocar las mismas por aplicación de la normativa vigente". "Por este motivo algunas de las plazas señaladas deberán aprobarse en el año 2020 y otras en el 2021", ha afirmado.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha señalado que la sentencia dice "alto y claro que se estaba discriminando a los navarros para acceder a la función pública en la zona mixta y no vascófona" y "ha sido un claro varapalo a la política lingüística del Gobierno del cuatripartito". Ha criticado que Geroa Bai y EH Bildu han dicho "mensajes que no son ciertos" al señalar que "no se puede valorar el euskera y sí el francés o el alemán, lo que atenta el sentido común". Y ha expuesto que "nos extraña que la consejera Ana Ollo esté al frente de la política lingüística".

Desde el PSN, Inma Jurío ha señalado que "el Gobierno tiene la finalidad de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos afectados por los procesos convocados" y ha considerado que "no tiene sentido ninguno el recurso". "Desde el PSN no acudimos a una manifestación contra el decreto del euskera, sino contra la discriminación en la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública", ha dicho, para añadir que "el decreto tiene verdaderas contradicciones en su regulación". "El PSN está dentro de un Gobierno de coalición intentando resolver una situación que no generamos", ha expuesto.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que "quedan vulnerados los derechos de una parte de la población en el momento en que no se cuestiona la validez de otras lenguas a la hora de ser reconocido como mérito". Según ha dicho, "tendemos la mano para llegar a un consenso para crear la seguridad jurídica en la función pública, siempre y cuando el derecho a la lengua del ciudadano se vea protegido y en este caso el euskera como lengua propia de nuestra tierra y cooficial".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que "se va a discriminar a unas personas precisamente por conocer el euskera". Ha afirmado que están "en contra" de la sentencia y ha añadido que "entendemos que el Gobierno ha tomado la decisión de no recurrir". A su juicio, ello sería "un error político monumental". "Tendríamos un vacío jurídico, en el que sí habría normativa para valorar el inglés, el francés y el alemán", ha censurado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha mostrado "preocupación" porque "estamos en una ruptura de un criterio". Se ha mostrado favorable a recurrir la sentencia del TSJN sobre el decreto y ha pedido "seguridad jurídica". "Deberíamos dar pasos hacia un cambio de legislación que evite la seguridad jurídica para garantizar los derechos de la ciudadanía y la protección de una lengua propia como es el euskera", ha comentado.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, también se ha mostrado a favor de recurrir las sentencias para "obtener más seguridad jurídica de cara al futuro". Antes del decreto, ha opinado que había "una situación injusta respecto al tratamiento del conocimiento del euskera en el acceso a la función pública". Y ha preguntado cuál es el marco legal en vigor ahora "para definir el euskera como mérito".


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