TRIBUNALES

Advierten de que los pactos judiciales con ETA favorecen la impunidad frente al terrorismo

No es la primera ocasión en la que destacados miembros de la izquierda abertzale negocian para evitar la cárcel a cambio de reconocer que pertenecían a ETA.

Amaia Izko (segunda por la izquierda), junto a sus compañeros acusados de integrar el frente de cárceles de ETA o "KT" bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira o Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi. EFE/ Fernando Villar
Amaia Izko (segunda por la izquierda), junto a sus compañeros acusados de integrar el frente de cárceles de ETA o "KT" bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira o Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi. EFE/ Fernando Villar

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) alerta de que la estrategia de pactos judiciales con dirigentes y abogados de la izquierda abertzale favorece la impunidad frente al terrorismo y el blanqueamiento de ETA.

El pronunciamiento del colectivo se produce tras conocerse que el juicio contra los 47 acusados de integrar el “frente de cárceles” de ETA ha concluido por la vía rápida tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, con las defensas de los procesados.

Estos han admitido que ejercían el control de los presos de la banda terrorista por orden de ETA a cambio de una considerable rebaja en las peticiones de condena a las que se enfrentaban.

Covite considera que los atajos y las negociaciones, dentro o fuera de los juzgados, no son el camino hacia la Justicia. “Nuestros principios fundacionales rechazan la negociación con terroristas”, sentencian.

La organización lamenta que esta no sea la primera vez que destacados miembros de la izquierda abertzale que se ven acusados en delitos de terrorismo negocian con la Fiscalía y acusaciones populares para evitar la cárcel a cambio de reconocer su vinculación orgánica a ETA y sus funciones dentro de los distintos entramados de la banda terrorista.

Este tipo de acuerdos se han producido en procesos como el juicio contra 35 miembros de la reconstruida Batasuna o en el juicio contra 9 miembros de EKIN, en el que todos los acusados pactaron una reducción de penas a cambio de reconocer los delitos por los que se los juzgaba.

DELITOS EXTREMADAMENTE GRAVES

Covite ha expuesto que los acusados se enfrentaban a delitos extremadamente graves, como son integración o colaboración con banda terrorista, ya que (según ellos mismos han reconocido) tenían como objetivo principal dirigir el colectivo de presos etarras, garantizando su fidelidad a la dirección de ETA y manteniendo la cohesión de los reclusos, para lo cual recurrían tanto a abogados de la izquierda abertzale como a la asociación Herrira de apoyo a los presos etarras, la organización de asistencia sanitaria Jaiki y la de respaldo a los familiares de los reclusos, Etxerat.

El colectivo considera que no existe ningún motivo que responda al interés de las víctimas del terrorismo que justifique una Justicia negociada y pactada con el entorno de ETA en sede judicial.

Asimismo, evidencia el cinismo de los dirigentes de la izquierda abertzale a la hora de acogerse a la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico para reducir sus penas, mientras prohíbe al colectivo de presos de ETA acatar esa misma legalidad para beneficiarse también de reducciones de pena y de acercamientos a cárceles vascas, como quedó demostrado en el documento Abián.

En este documento, hecho público en el 2016 y que todavía sigue vigente, la izquierda abertzale estableció para los reclusos las líneas rojas del “arrepentimiento y la delación” a la hora de acogerse a las progresiones de grado que implicarían para ellos beneficios penitenciarios.

INCOHERENCIA ABSOLUTA

“Los portavoces políticos de la izquierda abertzale no tienen ningún reparo en beneficiarse de la legalidad española si les sale a cuenta, mientras condenan al resto de presos de ETA a no poder hacer lo mismo y, en consecuencia, pasar más tiempo en prisión, ya que no les permiten cumplir con los requisitos legales de desmarcarse de la violencia y arrepentirse de los crímenes cometidos, marcados por la ley para conseguir las correspondientes progresiones de grado”, ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

Desde la asociación reprochan a los portavoces de Podemos del País Vasco (Andeka Larrea), de ERC, de Junts x CAT, de los sindicatos ELA (Mitxel Lakuntza), LAB (Igor Arroyo) CC OO y a la ANC catalana, así como a los exlehendakaris Garaikoetxea e Ibarretxe, que hayan prestado su apoyo expreso a terroristas confesos, como ellos mismos han admitido en este juicio.


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