El Consejo de Navarra ha emitido un dictamen en el que alerta de criterios discriminatorios en el acceso a la función pública por el idioma.
El Consejo de Navarra ha emitido un dictamen en el que considera que el proyecto de Decreto Foral que pretende aprobar el Gobierno de Uxue Barkos por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra no se ajusta a la legalidad.
El Decreto pretende que se otorgue el mismo tratamiento al euskera en todas zonas de Navarra, algo que no se ajusta a la realidad sociolingüística de Navarra, con el objetivo de que sólo las personas con conocimiento de este idioma puedan acceder a los puestos de trabajo de la Administración.
"El proyecto parece establecer el criterio de obligatoriedad de la valoración del conocimiento del euskera para el acceso a cualquier puesto de trabajo de la administración de la Comunidad Foral que no tenga perfil obligatorio de euskera, tanto se encuentre en la zona mixta, en la zona no vascófona, como en los servicios centrales", señala el Consejo de Navarra en su dictamen.
Por este motivo, el órgano jurídico considera que la intención del Gobierno de Navarra "conllevaría la aplicación de criterios discriminatorios en el acceso a la función pública en la administración de la Comunidad Foral que no se correspondan con los principios de racionalidad y proporcionalidad".
Según el Consejo de Navarra, para adecuar a derecho la norma sería imprescindible la exclusión de cualquier referencia que conlleve la obligatoriedad de la valoración como mérito del conocimiento del euskera para plazas sin perfil lingüístico obligatorio radicadas en la zona mixta y en la zona no vascófona.
Este dictamen del Consejo de Navarra tiene un carácter preceptivo, tal y como se establece para proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general.
El Consejo de Navarra considera que el proyecto genera "diversas dudas de legalidad por cuanto la relevancia del conocimiento del euskera en el acceso a la función pública, promoción y movilidad de los funcionarios en su relación con los principios de mérito y capacidad dentro de la función pública, así como los principios de igualdad y no discriminación de este ámbito"
Además, a juicio del Consejo de Navarra, para la adecuación jurídica de los artículos que regulan la utilización de las lenguas vernáculas junto con el castellano se hace preciso que el precepto incorpore a su contenido dos elementos esenciales para su validez jurídica, cuales son la referencia a la realidad sociolingüística y a la zona en la que radique el puesto de trabajo de referencia, algo que no ha tenido en cuenta el Gobierno foral.
"En los términos en los que el Proyecto está redactado, no existe ninguna diferencia a la hora de regular los puestos de trabajo que, prioritariamente, deberían tener perfil obligatorio de conocimiento de euskera en la zona vascófona, en la zona mixta y en la zona no vascófona, cuando la realidad sociolingüística y los objetivos de la LFE, como venimos recordando, son diferentes en atención al uso y conocimiento de las lenguas", expone el consejo en su dictamen.
Además, el Consejo de Navarra llama la atención sobre la valoración del euskera como mérito en los concurso-oposición, o concurso de méritos en el acceso a la función pública, y movilidad dentro de la administración.
"La normativa propuesta varía de forma sustancial las reglas hasta la fecha existentes en esta materia, incrementando la ponderación que debe otorgarse al conocimiento del euskera en los baremos respecto a la puntuación total, sin que se haya ofrecido justificación alguna en la proposición del texto normativo que justifique o explique la razón de los porcentajes que se han previsto. Se trata de una cuestión de considerable trascendencia y esa falta de motivación puede conllevar, al menos en las zonas mixta y no vascófona, una vulneración de lo dispuesto en el artículo 58.1 de la LFGNP, no tanto por los cambios porcentuales introducidos, sino por su nula justificación", explican.
El Gobierno de Uxue Barkos a través del departamento de Ana Ollo pretende que el euskera pueda ser ponderado hasta con un 7% en los concursos-oposición de la zona no vascófona, es decir, en zonas donde no se habla euskera. Incluso quiere elevar esta cifra hasta el 23% en la zona vascófona y hasta el 14% en la mixta.
