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El sindicato CCOO tacha de "justicia vengativa" la petición de cárcel por la paliza de Alsasua

El colectivo de trabajadores valora la calificación de terrorismo como una "desproporción jurídica" y reclama que se juzgue por la vía ordinaria.

Concentración frente a la Audiencia de Navarra de los familiares de los jóvenes detenidos por los sucesos de Alsasua. PABLO LASAOSA
Concentración frente a la Audiencia de Navarra de los familiares de los jóvenes detenidos por los sucesos de Alsasua. PABLO LASAOSA  

El sindicato CCOO ha defendido en un comunicado su postura para que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua no sea juzgada como terrorismo y califica la petición de cárcel del fiscal como una "desproporción jurídica".

El colectivo de trabajadores considera que los sucesos ocurridos el pasado 15 de octubre de 2016 en Alsasua no deben ser jugados como terrorismo. Por ello, desde CCOO valoran como desproporcionado la permanencia en prisión de varios detenidos durante más de un año y la petición fiscal.

A juicio del sindicato, subrayan que la agresión no es simplemente "una pelea de bar, ni es una pelea entre varias personas que se caen mal" y se insiste en que es necesario deslegitimar el uso de la violencia y enterrar la "cultura del odio" .

"Tener una profesión concreta o pensar diferente nunca debería ser motivo para una agresión física", apunta CCOO, que aún así entiende que la actuación de la justicia en esta agresión es "desproporcionada".

El sindicato justifica esta "desproporción judicial" al considerar que genera un "daño irreversible" por encarcelar al menos durante un año a varias personas y que no resuelve el problema de fondo "ya que se aplica una justicia vengativa". Así, CCOO reclaman que estos hechos se juzguen en los "tribunales ordinarios".

RECLAMAN 50 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS ACUSADOS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 50 años de cárcel para siete de los ocho procesados (a una novena persona se le levantó el procesamiento) por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno de ellos). Se trata de Ohian Arnanz Ciordia, Jokin Unamuno Goicoetxea, Jon Ander Cob Amilbia, Julen Goicoechea Larraza, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa e Iñaki Abad Olea.

Al primero de ellos, Arnanz Ciordia, le atribuye además un delito de amenazas terroristas y pide para él 12 años y medio más de cárcel, hasta los 62 años y 6 meses de prisión. Para una octava procesada, Ainara Urquijo Goicoechea, pide únicamente 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

A la espera del juicio, la Audiencia Nacional mantiene en prisión a tres de los acusados: Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz. La juez Carmen Lamela tomó esta decisión al entender que "no puede asegurarse que, de quedar en libertad, no vayan a atentar contra bienes jurídicos de las víctimas o incluso puedan cometer otros hechos delictivos".

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 tuvo en cuenta su especial liderazgo y protagonismo en los hechos, precisando que fue Unamuno "quien inició la actividad frente a las víctimas" y les increpó y pidió que abandonaran el local. También se ocupó de avisar por teléfono a otras personas, entre las que se encontraba Ramírez de Alda.


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