La progenitora enviaba por Internet imágenes pornográficas en las que participaban las menores, de 5 y 8 años.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 36 años de prisión impuesta a una madre que abusaba sexualmente de sus dos hijas de cinco y ocho años y, después, enviaba por Internet imágenes pornográficas en las que participaban las menores.
El alto tribunal ratifica así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife en la que también se condenaba, en esta caso a 38 años, al hombre que recibía los vídeos y con el que había iniciado una relación de amistad a través de Messenger. "Las menores, bien solas, o las dos o una u otra con su madre, eran protagonistas activas" de los vídeos.
Según explica la resolución, la mujer, que vivía en La Laguna (Tenerife) inició este contacto virtual con el hombre, residente en Murcia y, siguiendo sus indicaciones y para alcanzar su objetivo de irse a vivir con él, comenzó a enviarle estas imágenes a partir de enero de 2012.
Durante siete meses le mandó dos o tres vídeos pedófilos al mes hasta que un conocido de la condenada que se llevó su ordenador para arreglarlo, descubrió las grabaciones y denunció los hechos. Si ella no accedía a sus demandas, el hombre dejaba de comunicarse con ella, concreta la sentencia.
DIEZ AÑOS DE LIBERTAD VIGILADA
La madre ha sido condenada, además, a 10 años de libertad vigilada y no podrá acercarse a las niñas ni comunicarse con ellas durante ese plazo una vez cumplida la pena de cárcel. Además, deberá indemnizarlas con 50.000 euros por daños morales.
La sentencia asegura que los dos condenados "utilizaron a las menores para satisfacer sus más bajos instintos de naturaleza sexual" sin importarles la integridad e indemnidad sexual de las menores. Rechaza los intentos del hombre de anular las imágenes como prueba porque fueron --según defendía-- obtenidas de formas ilícita.
El Supremo recuerda que "la simple posibilidad de que las imágenes pudieran llegar a convertirse en contenidos difundibles en la red, intensificando de forma irreparable el daño" justificaba la intervención de los vídeos aunque concreta que fue la propia madre, que no recurrió su condena, la que facilitó a la policía las claves para acceder a ellas.
