El abogado navarro Jaime Ignacio del Burgo ha presentado una denuncia en el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid por la falta de medidas durante las primeras semanas del coronavirus en España, en las que desde el Gobierno central se permitieron y alentaron además actos masivos, como la manifestación del 8-M.
Del Burgo ha acudido al juzgado a título personal al considerar que puede haberse producido un delito de prevaricación administrativa por parte del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y otros responsables políticos "por haber autorizado o consentido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 sin suspender además la celebración de otros eventos multitudinarios, todo ello de forma arbitraria y con plena consciencia del gravísimo riesgo que podía producir en la propagación exponencial del coronavirus, teniendo en cuenta que ya había dos núcleos detectados en la capital y que se habían contabilizado 17 muertos". Entre ellos se señala a Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Irene Montero o Fernando Simón.
En la denuncia presentada por el que fuera diputado por Navarra de UPN-PP, se advierte sobre la posibilidad de que en el curso de la investigación pudiera detectarse la responsabilidad de otras personas pertenecientes al Gobierno, en cuyo caso se solicita que conforme dispone la ley se eleven las actuaciones al Tribunal Supremo a los efectos que estime pertinentes.
Según ha explicado el abogado, la denuncia se ciñe por el momento a Madrid, al ser el principal foco de contagio del país y la ciñe al "deber de todo ciudadano si conoce cualquier hecho delictivo".
Durante estas semanas de confinamiento, Jaime Ignacio del Burgo ha elaborado un estudio titulado “Responsabilidades del Gobierno en la gestión de coronavirus Covid-19”, en el período comprendido entre el conocimiento de la explosión del brote viral en la ciudad china de Wuhan hasta el 14 de marzo de 2020, fecha en que se decretó el estado de alarma.
"He llegado a la conclusión de que los hechos a mi juicio probados tras un detallado análisis de los documentos del propio Gobierno, alguno de los cuales ya no se pueden consultar en el portal del Departamento de Seguridad Nacional dependiente del Jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno donde se han venido publicando, ponen de manifiesto la presunta comisión del delito de prevaricación", señala el abogado navarro.
Por el momento, la denunciar se formula contra el delegado de Madrid, si bien se quiere dejar claro que la denuncia se dirige contra cuantos pudieran resultar implicados en el referido delito. La decisión de permitir la manifestación, considera Del Burgo, "fue adoptada de forma arbitraria y a sabiendas del gravísimo daño para la salud de la ciudadanía cuya celebración podía provocar".
DURAS CONCLUSIONES
En las conclusiones del informe presentado al juzgado y al que ha tenido acceso este periódico, se señala que la "principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primera Carmen Calvo, con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y con el ministro de Sanidad Salvador Illa, que tenía la última palabra en las materias sanitarias y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España".
Así mismo se extiende la responsabilidad a la ministra de Igualdad Irene Montero, "que invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a concurrir a la misma a sabiendas del riesgo que corrían".
Sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, se señala que "estaba obligado a firmar la resolución de suspensión de la manifestación y de todos los eventos multitudinarios en Madrid amparados por el derecho de reunión y de manifestación porque sabía que al no hacerlo vulneraba las recomendaciones de los organismos internacionales".
También se señala al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) Fernando Simón: "De la lectura de los informes elaborados bajo su dirección técnica se desprende la existencia de una flagrante contradicción entre la cruda realidad de los datos que manejaba y sus palabras en su diaria comparecencia ante los medios de comunicación para informar a la ciudadanía de la evolución de la pandemia y de las medidas adoptadas para combatirla. Es también otro hecho probado que desde el inicio mismo de la crisis sanitaria su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación con arreglo a los datos obtenidos por el CCAES sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno, justificando todas sus decisiones", se explica en el informe remitido al juzgado.
