El Gobierno foral sospecha que se ha producido una "financiación irregular" aunque la Fiscalía decidió archivar la investigación por supuestas irregularidades.
El Gobierno de Navarra ha confirmado este miércoles en su sesión que llevará a los tribunales a las personas jurídicas responsables de la gestión de la planta de biometanización de Ulzama por si sus actuaciones, a la hora de financiar el proyecto con subvenciones públicas, fueran constitutivas de delito o de infracción civil.
Todo esto llega unos meses después de que la propia Fiscalía archivara la investigación por esas supuestas irregularidades en la planta navarra. Ahora, el Gobierno de Navarra considera que, tras la revisión interna de los expedientes de las subvenciones concedidas y del informe realizado sobre la materia por la Cámara de Comptos, la financiación irregular con fondos públicos de esta infraestructura pudiera ser constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa.
De hecho, el Gobierno de Barkos da un paso más y asegura que se produjo una doble financiación en la construcción de la planta de biometanización; al Ayuntamiento de Ulzama, por parte de Desarrollo Rural, y a Bioenergía Ulzama S.A., por parte de Desarrollo Económico.
Según la documentación referida, la empresa habría pagado 1.138.837,78 euros, IVA excluido, por encima del coste del proyecto.
La empresa abonó ese importe al Ayuntamiento de Ulzama, quien a su vez lo abonó a otra sociedad mercantil, y luego pagó el 100 % de los gastos de construcción a otros proveedores.
Todo ello sin que existiera constancia de una modificación del proyecto de inversión que se presentó para obtener las subvenciones. El Gobierno de Navarra entiende que a las posibles irregularidades contribuyó el entramado societario en torno a la planta de biometanización.
Cabe recordar que según el informe emitido por la Cámara de Comptos en abril de este año, se detectaron incumplimentos graves de la normativa de contratación pública por parte de los responsables del Ayuntamiento de Ulzama, así como una doble facturación en la construcción de la planta de biogás, dándose el caso de que empresas distintas llegaron a cobrar por el mismo concepto.
Así, el órgano fiscalizador se dirigió a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra apreciando indicios de responsabilidad penal, derivados, además, en un perjuicio importante para los fondos públicos.
Paralelamente, el incumplimiento de los requisitos en materia de subvenciones motivó que los departamentos de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y de de Desarrollo Económico solicitasen el reintegro de las cantidades aportadas a la construcción del proyecto.
