TRIBUNALES

El Gobierno de Barkos se niega a facilitar al Tribunal de Cuentas la documentación fiscal que le solicita desde hace meses

El pleno del Tribunal decidirá si se vuelve a pedir la documentación o si envía el asunto a la Fiscalía por si concurre un delito de desobediencia. 

Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra. PABLO LASAOSA 3
Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra. PABLO LASAOSA 3

El Gobierno de Navarra se niega a facilitar la documentación que le exige el Tribunal de Cuentas del Estado en relación con las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015. Se trata de los archivos pertinentes que solicita el órgano fiscalizador de las administraciones públicas y que el Gobierno de Barkos parece que no ha entregado hasta esta fecha.

Así lo cuenta El País este jueves en una información que publica y en la que se dice que el Gobierno foral "se ha declarado en rebeldía", hecho que llevará a que el pleno del Tribunal de Cuentas tenga que decidir este jueves si sigue solicitando esta documentación al Ejecutivo foral o si envía el asunto a la Fiscalía para determinar si concurre un delito de desobediencia "tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal".

Tal y como informa el rotativo, la negativa del propio Gobierno de Navarra se centra en que "el Tribunal de Cuentas no es un órgano competente en Navarra para proceder a dicha fiscalización". El mismo argumento también fue utilizado por gobiernos anteriores al cuatripartito, que también se negaron a entregar las cuentas al tribunal.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos ha defendido este jueves que la Cámara de Comptos es "la competente de la fiscalización de las cuentas" de la Comunidad foral y ha afirmado que la no remisión de informes al Tribunal de Cuentas es "una polémica ya vieja y antigua que ha enfrentado en más de una ocasión" al órgano y al Ejecutivo foral.

"Está bien acreditado tanto en la Lorafna, en la ley de la Cámara de Comptos como en la adicional primera de la Constitución que las cuentas de las instituciones navarras son auditadas por la Cámara de Comptos", ha remarcado.

Desde el Tribunal de Cuentas se lleva meses intentando, sin éxito, que Navarra facilite sus cuentas para su fiscalización, hecho que no ha ocurrido. Los documentos que se piden tienen relación "con los planes económico-financieros y planes de ajustes previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de los ejercicios 2014 y 2015".

La negativa del consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, a entregarlas ha elevado este caso al presidente del órgano fiscalizador, a quien se ha pedido que conmine a la presidencia del Gobierno navarro a la entrega de las cuentas solicitadas. En un escrito fechado el pasado 13 de junio, el responsable del departamento que analiza el destino del dinero de las Comunidades Autónomas recuerda que este incumplimiento "faculta al pleno para acordar, si procede, la imposición de multas".

Fueron las Cortes Generales las que pidieron "expresamente" fiscalizar las cuentas del Gobierno navarro y a ellas se ha dirigido ahora el Tribunal de Cuentas para informar sobre el reiterado incumplimiento "del deber de colaboración" de Navarra con el órgano. 

Esta desobediencia está penalmente tipificada y, a la vista de la persistente negativa, "parece oportuno realizar las actuaciones necesarias dirigidas a impedir" que se siga incumpliendo la normativa que obliga a las comunidades a entregar sus cuentas al tribunal para fiscalizarlas.

Tal y como informa El País, el pasado 30 de marzo de 2017, el consejero navarro Mikel Aranburu se dirigió por escrito al Tribunal de Cuentas indicándole "su voluntad de incumplir la petición de información", alegando que "no procedía por no ser el Tribunal de Cuentas órgano competente en Navarra para proceder a dicha fiscalización".

Según afirma el medio, un miembro del Gobierno navarro señala que la fiscalización de las cuentas de esta comunidad, con régimen foral, compete a la Cámara de Comptos, que es la que supervisa las cuentas tanto el Gobierno foral como de los ayuntamientos. Se trata de una normativa, añade el citado portavoz, establece que la Cámara solo tiene la obligación de enviar las cuentas al tribunal estatal en los procedimientos en los que aprecie "irregularidades".


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