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Reclaman a Aznárez los 5.500€ aún no abonados por tratar de poner la bandera republicana en el Parlamento

El texto señala que si no se procede al pago de las costas se procederá a la "imposición de multas coercitivas" y "exigir responsabilidades penales".

Imagen de la parlamentaria de Izquierda-Unida, Marisa de Simón, enarbolando la bandera republicana en el Parlamento; a su lado Ainhoa Aznárez retirando la bandera europea de la fachada de la Cárama foral
Imagen de la parlamentaria de Izquierda-Unida, Marisa de Simón, enarbolando la bandera republicana en el Parlamento; a su lado Ainhoa Aznárez retirando la bandera europea de la fachada de la Cárama foral  

La Justicia reclama a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, el abono de 5.566 euros en concepto de costas procesales después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulara el acuerdo de la Mesa del Parlamento foral con el que se aprobó la colocación de la bandera republicana.

Se trata de un recurso interpuesto contra el acuerdo adoptado por el cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) y el PSN cuatro días después de haber derogado la denominada Ley de Símbolos en la Cámara foral.

Así, el texto al que ha tenido acceso Navarra.com destaca que "tres meses después" desde que se presentará el escrito "no se ha procedido al ingreso de las mencionadas costas procesales".

Asimismo, señala que en caso de incumplimiento se procederá a la "imposición de multas coercitivas" y a deducir testimonio de particulares a la presidenta del Parlamento "para exigir responsabilidades penales".

La decisión de colocar la bandera republicana en el Parlamento de Navarra fue recurrida por la Abogacía del Estado y los tribunales suspendieron su colocación.

De hecho, el texto de la sentencia desbarata el argumento de los servicios jurídicos de la Cámara, que trataron de justificar la colocación de la bandera no oficial por no hacerlo en un mástil y sólo por un día.

En este sentido, los jueces señalaron que "la utilización ocasional por el poder público de la bandera republicana y su colocación en lugar menos preferente no convierten la actuación en legal, como pretende el Parlamento, porque a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, tal actuación es contraria al mismo y vulnera el principio de neutralidad política que debe presidir la actuación de la administración pública".

El Parlamento, a instancias del los partidos que apoyaron la medida, trataron también de evitar la acción de la justicia al señalar que la decisión parlamentaria era ajena al uso de los recursos de la Cámara.

Los jueces, al contrario, esgrimieron que es imposible no considerar así una decisión que afecta a la configuración exterior de la fachada del edificio público, se de la institución. 

También intentó el Parlamento restar legitimación a la Administración del Estado para recurrir la decisión, pero los jueces mantiene con firmeza que "el Estado tiene interés legítimo que va más allá del mero interés por la legalidad, y es que se respeten por el Parlamento de Navarra los símbolos constitucionales. 

SE ESTUDIARÁ RECURRIR LA EXIGENCIA DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra estudiará el lunes si recurre la exigencia de la Abogacía del Estado de que abone las costas que tiene pendientes desde noviembre tras ser condenado por colocar la bandera republicana el pasado 14 de abril.

Ainhoa Aznárez ha asegurado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que se enteró este jueves de que el Parlamento de Navarra tenía que pagar 5.566 euros tras haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la colocación de la bandera republicana. La sentencia impuso el pago de las costas al Legislativo foral.

La presidenta del Parlamento ha señalado que "en su día dijimos que la sentencia era una clara injerencia del poder judicial en el poder legislativo".

"La Junta de Portavoces aprueba declaraciones políticas y creíamos que el poder judicial no tenía por qué meterse ni hacer ningún tipo de declaración en lo que respecta al poder legislativo y al poder político. Los partidos, mediante estas declaraciones, proponen sus acuerdos políticos y el lunes veremos lo que nos transmiten los propios grupos que firmaron esa declaración institucional para ver si recurrimos o no", ha dicho.


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