El juzgado ni siquiera admite la querella del Gobierno de Navarra, presentada después de saber que la Fiscalía también archivaba la causa por no ver delito.
NI falsedad, ni malversación, ni fraude, ni estafa. El Gobierno de Uxue Barkos vuelve a sufrir otra dura derrota judicial en su intento por buscar algún tipo de irregularidad en la planta de biometanización de Ulzama.
La juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona ni siquiera ha admitido la querella presentada por el Gobierno de Navarra contra la empresa adjudicataria del proyecto de la planta, (Levenger SL), la empresa cesionaria (Bioenergia Ultzama SA) y el Ayuntamiento de Ulzama.
En julio de 2017, la Fiscalía arhivó la investigación abierta por las supuestas irregularidades acaecidas en la planta al considerar que no quedaba "acreditada" la comisión de los delitos denunciados.
A pesar de este duro revés, Barkos y su gobierno pusieron toda la maquinaria jurídica pública para mantener su cruzada y anunció en septiembre su decisión de llevar a los tribunales a las personas jurídicas responsables de la gestión. Les acusó de fraude en las subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación y estafa.
Ahora, en un auto demoledor, la juez resuelve una por una cada una de las acusaciones para concluir que no existe ni siquiera una sospecha como para investigar el asunto en instrucción.
En cuanto a la falsedad documental, la juez mantiene que las facturas analizadas "aluden o reflejan unos trabajos que realmente fueron realizados y por tanto plasman un negocio jurídico o una relación jurídica que no es ficticia, sino real y a unos importes que se corresponden con el precio de los trabajos llevados a cabo".
De hecho, apunta la juez, el propio Gobierno de Navarra emitió informes en junio de 2017 en los que expresamente se señalaba que no constaba que la documentación incorporara algún tipo de falsedad documental”.
Sobre el fraude de subvenciones de las que que acusaba el Gobierno de Uxue Barkos, la juez llama la atención al Gobierno de Navarra por señalar un asunto que estaría ya preescrito por las fechas a las que se aluden, entre los años 2008 y 2009.
Tampoco acepta la juez el supuesto delito de estafa, en la querella el Ejecutivo del cuatripartito se indica que se podría dar este delito en tanto en cuanto la cesionaria habría obtenido ayudas lucrándose de unos fondos que en parte no fueron destinados a la actividad subvencionada.
Sin embargo, la juez es especialmente tajante en este tema: "No se indica de qué manera se provocó, cuál fue el engaño o cómo maquinaron los querellados para conseguir viciar la voluntad del querellante".
Termina la juez por desmontar los intentos por parte del Gobierno de Navarra con el presunto delito de malversación que sólo podría imputarse a las anteriores alcaldes o cargos públicos de la localidad. Sin embargo, la juez recrimina al Ejecutivo de Barkos que ni siquiera indique en la querella de qué manera habrían llevado a cabo los actos que les podrían afectar. "No concurre el elemento esencial del tipo ya que ningún dato se ofrece para considerar que los concejales querellados tuvieran a su cargo los caudales públicos", mantiene la juez.
A pesar de que la Fiscalía y los jueces no han visto delito alguno sobre la planta de Ulzama, el cuatripartito mantiene en el Parlamento un juicio paralelo con una comisión de investigación ajena a cuantas resoluciones judiciales se vienen dictando.
