También consideran muy conveniente activar fórmulas de apertura y transparencia que permitan a la ciudadanía conocer el funcionamiento de la actividad judicial.
Los presidentes de las diferentes Audiencias Provinciales españolas, que se han reunido durante tres días en León, reclaman a los responsables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia que implementen un único sistema de gestión procesal electrónica que termine con los problemas generados por las múltiples aplicaciones informáticas existentes en cada territorio. Al poder legislativo le reclaman que emprenda de una vez una reforma del proceso penal que fije cuál debe ser el modelo de instrucción de delitos en nuestro país.
Las XVII Jornadas Nacionales de Presidentes de Audiencias Provinciales han reunido a un total de 41 máximos representantes de los tribunales provinciales y ha finalizado con un documento de conclusiones que recoge, entre otras afirmaciones, que sería "deseable" que en todo el territorio nacional hubiera una sola aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico.
"Ante la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos, solicitamos que el CGPJ lidere las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas no sólo sean compatibles sino que respondan a unas características similares", reclaman los presidentes de las audiencias provinciales.
Además, solicitan al CGPJ que refuerce su liderazgo en este proceso "instando a todas las Administraciones Públicas competentes a desarrollar con la mayor urgencia un Expediente Judicial Electrónico de calidad, realizando las necesarias inversiones en medios humanos y materiales".
OFICINA Y ÉTICA JUDICIAL
Creen también que se debe definir un único sistema de Oficina Judicial en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que su desarrollo se realice de modo progresivo y adaptándose a las características particulares de cada partido judicial.
Los residentes y presidentas de la audiencias provinciales afirman también estar comprometidos en la promoción de los principios éticos de deontología judicial, y señalan en las conclusiones de sus jornadas que resulta necesaria la divulgación entre todos los miembros de la carrera judicial de las sentencias que puedan dictarse por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los que son titulares los jueces.
También consideran muy conveniente activar fórmulas de apertura y transparencia que permitan a la ciudadanía conocer el funcionamiento de la actividad judicial.
Consideran que la labor de promoción e información veraz sobre el funcionamiento de la Justicia debe tomar en cuenta la importancia de los medios de comunicación como "vehículos idóneos para transmitir dicha información a la sociedad".
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Uno de los puntos en los que más insisten los presidentes de la audiencia provincial se refiere a la necesidad de proceder sin mayor dilación a acometer la redacción de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal "que cuente con una amplia participación política, profesional y social, plasmada en una Comisión de Codificación".
El nuevo Código Procesal Penal, reclaman estos magistrados, debe pronunciarse sobre el modelo de instrucción y debe tener como principios básicos "el de legalidad, con regulación de la oportunidad reglada, la celeridad procesal, un cuerpo de peritos, la mediación y la conformidad procesal en todo tipo de procesos".
Han concluido también que los tribunales de instancia deben instaurarse de forma gradual y solo en los órganos unipersonales, agrupando partidos y servicios comunes y manteniendo las sedes actuales, "hasta llegar al Tribunal Provincial, pero solo en las provincias, que por sus condiciones geográficas y núcleos de población, lo permitan".
Consideran también necesario el mantenimiento de la Audiencia Provincial, para asegurar el derecho a la doble instancia y como garantía de independencia y seguridad jurídica.
MEDIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
Los presidentes de las Audiencias Provinciales consideran que la mediación penal es una forma de solución de conflictos que proporciona una nueva concepción de la Justicia, y cree indispensable que este mecanismo se regule articulándolo con el proceso penal.
Dicen también en este documento que la proliferación esperada de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación obliga a aprobar por el CGPJ un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las Audiencias Provinciales.
Señalan, principalmente, que el refuerzo debe recaer en las Secciones a las que la ley les atribuye el conocimiento de las anteriores materias, sin que este reparto exclusivo compense con otros asuntos de distinta naturaleza atribuidos al conocimiento de las demás Secciones de la misma Audiencia Provincial, en forma similar al plan de urgencia aprobado para los órganos unipersonales.
En su defecto, el CGPJ debería fijar como "criterio orientativo", el porcentaje de compensación que a cada asunto de tal naturaleza le corresponda en el reparto con otros distintos, subrayan los magistrados.
