La asociación Sanfermines-78: gogoan! y Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978, han interpuesto este jueves una querella por un presunto delito de inutilización u ocultación de documentos, contemplado en el artículo 413 del Código Penal, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
La asociación ha considerado que hay una "clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de Sanfermines de 1978".
La querella va dirigida también contra Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria de Interior; José Rafael Rojas Juárez, subdirector general de Asociaciones, Archivo y Documentación del Ministerio del Interior, "así como contra todas aquellas personas que hayan tenido intervención en los hechos descritos en la querella".
La asociación ha señalado en una nota que el artículo 413 del Código Penal establece que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".
La querella se refiere a un informe policial sobre los sucesos de los Sanfermines de 1978, "cuya elaboración fue reclamada por el pleno del Congreso de Diputados (sesión del 11 de julio de 1978) y elaborado a instancias del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa". El mismo informe contiene a su vez otros tres diferentes informes.
Según ha explicado SF-78, este informe "fue requerido como prueba por la acusación particular dentro del sumario 82/80 abierto en relación con la muerte de Germán Rodríguez".
"Admitida la citada prueba por la Sala de la Audiencia Provincial, fue reclamada por ésta en distintas ocasiones, directamente y a través del Tribunal Supremo, sin que nunca fuera remitida al juzgado", ha criticado la asociación, que ha destacado que este documento "habría tenido sin duda alguna una influencia evidente en el proceso abierto".
Por otro lado, ha explicado que el 20 de diciembre de 2017, distintos diputados del Congreso solicitaron del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, la aportación del citado informe, y posteriormente, el 27 de junio de 2018 al actual ministro Grande-Marlaska. La respuesta en ambos casos fue que "no hay en los registros constancia del informe requerido".
En opinión de Sanfermines 78 Gogoan, estos hechos "muestran una clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de Sanfermines de 1978 y, en particular, la comisión del delito de inutilización u ocultación de documentos al que se refiere el artículo 413 del Código Penal".
