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TIBUNALES

Asirón no cede a los reveses judiciales por imponer el euskera y recurrirá la sentencia de escuelas infantiles

El alcalde de Bildu llevará hasta el último extremo judicial su decisión de imponer el euskera en dos escuelas de Pamplona. 

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona (19). IÑIGO ALZUGARAY
Joseba Asirón, Patricia Perales y Joxe Abaurrea, alcalde y concejales de Bildu, en un pleno municipal. IÑIGO ALZUGARAY

El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido recurrir la última decisión judicial sobre la imposición del euskera en dos escuelas infantiles de Pamplona llevada a cabo por Asirón (Bildu) y el cuatripartito nacionalista de Pamplona. 

En diciembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN desestimó el recurso de apelación que interpuso Joseba Asirón (BIldu) y su cuatripartito nacionalista contra la sentencia que daba la razón a los padres afectados por el cambio forzoso al modelo en euskera de varias escuelas infantiles de Pamplona. 

La resolución confirmó la nulidad de los cambios promovidos por el equipo de gobierno municipal, a pesar de la oposición de las familias que ya estaban matriculadas en esos centros. Ahora, Asirón va a llevar el tema hasta el último extremo judicial, en un recurso en casación tras un informe jurídico ad hoc que le ha dado el visto bueno. 

Según el informe firmado ahora por la letrada colocada por Asirón en el cargo, se informa favorablemente a recurrir en casación porque, a su juicio, se han "infringido las normas de la Comunidad foral y estatales" y concurren los requisitos para que las salas que deben admitir el recurso aprecien interés casacional para analizar el fondo del asunto. 

El Consistorio basa el recurso en que la sentencia recurrida determinaba la nulidad de pleno derecho porque consideraba que el Gobierno de Navarra era el órgano competente para autorizar las modificaciones que hizo el Ayuntamiento. Es decir, no tenía en cuenta la competencia del Gobierno de Navarra en materia de planificación de la oferta pública de plazas de primer ciclo de Educación Infantil y de planificación de la enseñanza del vascuence en el ámbito educativo.

 Este planteamiento, según el consistorio, es "explícitamente negado por un informe del propio Gobierno Foral que defiende que el organismo competente tanto en la gestión de los centros como en la determinación de la línea pedagógica es el Ayuntamiento".

Además, mantiene el informe, la sentencia sentaría una doctrina sobre dichas normas que pudieran ser gravemente dañosas para los intereses generales y afectaría a un gran número de situaciones. 

EXPULSIÓN DE FAMILIAS

Decenas de familias tuvieron que abandonar sus centros de referencia en San Juan, Milagrosa y Rochapea (Fuerte Principe, Hello Rochapea y Donibane) expulsados de forma irregular por los concejales de Bildu, que obligaron a que sus hijos fueran matriculados en euskera aunque no quisieran. 

Entre otras modificaciones, el Tribunal resaltó en su momento que se incrementaron las plazas en euskera de 164 a 408 y se suprimieron 255 plazas de castellano y castellano-inglés (con su cohorte de cambios físicos y de personal e incluso de denominación de algún centro).

El texto de la sentencia se reseñó además la falta de competencia del consistorio para llevar a cabo los cambios, ya que suponían una modificación de un elemento sustancial de la planificación de la oferta pública de plazas y una alteración del uso del vascuence en la enseñanza, asuntos que son competencia del departamento de Educación del Gobierno de Navarra y no del Ayuntamiento de Pamplona.


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