• viernes, 29 de marzo de 2024
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TRIBUNALES

La jueza confirma que la banda que asaltaba empresas en Navarra vivía de las ayudas sociales

Algunos de los arrestados llegaron a residir más de diez años en Navarra, durante los cuales nunca tuvieron un empleo.

Letrina instalada por el Ayuntamiento de Pamplona en el asentamiento chabolista de Santa María la Real. (6). IÑIGO ALZUGARAY
Letrina instalada por el Ayuntamiento de Pamplona en el asentamiento chabolista de Santa María la Real. IÑIGO ALZUGARAY

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz que ha investigado a los integrantes de una banda criminal dedicada al robo de naves industriales en Navarra ha concluido que los detenidos, 24 de ellos de nacionalidad rumana, vivían de las ayudas económicas y sociales que percibían de las autoridades en la Comunicad foral.

La jueza indica que en el tiempo que vivieron en Navarra, donde algunos de ellos llegaron a residir durante más de diez años, "no desempeñaron trabajo alguno", sino que sus ingresos venían de las ayudas sociales y de la venta de los objetos que robaban.

Parte de los miembros de esa organización criminal habían estado viviendo en el asentamiento chabolista de Lezkairu, que contó en su día con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

El asentamiento se ubicaba en una parcela aneja al Club de Tenis de Pamplona, un lugar en el que algunas de estas personas estuvieron viviendo durante la primavera del año 2016.

Fueron varias las semanas en las que diversas familias rumanas se asentaron en ese descampado, en el que el consistorio regido por Joseba Asirón llegó a actuar colocando una letrina para mejorar las condiciones higiénicas de los okupas de esta parcela, propiedad a partes iguales del barrio de Lezkairu y del Club de Tenis.

Además de contar con el beneplácito del ayuntamiento dirigido por EH Bildu, varias de estas personas, integrantes de la red criminal desarticulada en el 2017, residían igualmente en pisos de realojo del Gobierno de Navarra.

ACCESO GRATUITO A LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN

A su vez, disponían de acceso totalmente gratuito al sistema sanitario y educativo de la Comunidad foral, mientras que cobraban la renta básica garantizada de los servicios sociales, con ingresos mínimos de 420 euros. Una información ya avanzada por las autoridades pero que ahora ha sido confirmada por los tribunales.

Al mismo tiempo que cobraban estas ayudas, los detenidos robaban en naves industriales con la finalidad de obtener preferentemente cobre, pero también otros objetos. Así se asegura en el informe de la jueza, un auto que puede ser recurrido y en el que la magistrada estima que existen indicios contra los investigados por los delitos de robo con fuerza continuado y grupo criminal organizado.

Según se expone en la resolución, los indicios de delito se basan, fundamentalmente, en las detenciones in fraganti practicadas, en los perfiles de ADN obtenidos en los lugares de los robos y en los vehículos en los que se hallaron mercancías sustraídas, así como en la localización de los números de teléfono de los que los imputados son titulares o usuarios en las zonas de los robos y en sus tramos horarios.


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