Se juzga a seis personas a las que les incautó, además de diversas cantidades de droga, varias armas de fuego.
La Audiencia de Cantabria va a juzgar esta semana a seis personas acusadas de integrar una red de tráfico de drogas que operaba entre Castro Urdiales, Vizcaya y Pamplona, y para los que la Fiscalía pide penas de hasta 6 años de cárcel y el pago de multas que llegan a los 200.000 euros.
El comienzo de la vista se ha fijado para este lunes, 16 de enero, en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, y está previsto que el juicio se prolongue hasta el viernes, con sesiones que comenzarán a las 9.30 horas.
Según el escrito de la acusación, la desarticulación de este grupo se produjo a raíz de la detención de dos hombres en Rumanía, uno de ellos administrador de un lavadero de coches en Castro Urdiales, cuando iban a recoger un cargamento de cocaína procedente de Bolivia.
Los datos que facilitaron a la policía rumana condujeron a la Guardia Civil a descubrir un grupo organizado en España que traficaba con diversas drogas, que encabezaba uno de los acusados, que ya había sido condenado por un delito similar, y que vivía en una urbanización en Otañes.
El cabecilla del grupo compartía la vivienda con su compañera sentimental, que también está acusada, y que la Fiscalía considera que le ayudaba en la distribución de la droga y en el aprovechamiento y blanqueo de las ganancias. Los otros cuatro acusados realizaban, según el Ministerio Fiscal, distintas labores dentro del grupo destinadas a la distribución y comercialización de las drogas, así como al cobro de dinero y a la vigilancia de la mercancía.
En el transcurso de esta investigación, la Guardia Civil realizó diversas intervenciones en las que se detuvo a los integrantes de este grupo y se incautó de distintas cantidades de droga, así como de armas de fuego y diverso material para manipular sustancias estupefacientes.
También se constataron movimientos de dinero por encima de su nivel de ingresos del cabecilla de la red y de su compañera, que cuando fue detenida tenía a su nombre seis coches, entre ellos un Ferrari.
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de delitos de tráfico de drogas, de pertenencia a grupo criminal, de tenencia de armas prohibidas y de blanqueo de capitales.
