Los socialistas de Pamplona han sugerido llegar a la alcaldía de Pamplona gracias al voto de Amaia Izko y los otros 6 ediles de Bildu.
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Amaia Izko, concejal electa de Bildu en Pamplona que tomará posesión como edil el próximo sábado en la capital navarra por el delito de participación activa en la organización terrorista ETA dentro del denomincado "frente de cárceles".
Izko ha sido uno de los fichajes de Joseba Asirón para la lista del Ayuntamiento de Pamplona y fue la abogada que pidió la absolución para los terroristas que terminaron con la vida del concejal de UPN en el mismo consistorio, Tomás Caballero. Fue también la abogada de asesinos como Inés del Río (24 asesinatos a sus espaldas) o de los etarras navarros Portu y Sarasola que volaron la terminal T-4 de Barajas y mataron a dos personas.
Ahora, Asirón y Bildu han ido más allá al colocar en el salón de plenos a una persona que será juzgada en septiembre y sobre la que recae la fuerte petición de la fiscalía por su colaboración con la banda terrorista ETA.
Este es uno de los votos que el Partido Socialista (PSN) ha solicitado para llegar a la alcaldía de Pamplona, ya que la candidata Maite Esporrín ha confirmado que no renunciaría a los votos de los proetarras para llegar al poder. Además, los socialistas quieren también utilizar a Bildu para llegar al Gobierno de Navarra, tras un acuerdo con el PNV.
Izko, que ha ejercido también como portavoz nacional de Sortu, partido heredero de Batasuna, ya fue en su momento citada a declarar como imputada por su participación en un brindis por los presos de ETA durante el Chupinazo de los Sanfermines de 2014.
En concreto, Amaia Izko, según la Fiscalía, participó en las rondas del colectivo de abogados de miembros de la organización y se encontraron referencias a ella en los diversos documentos intervenidos a distintos jefes de ETA que certifican su pertenencia al entramado del denominado "frente de cárceles".
Amaia Izko defendió a los tres terroristas que reconocieron haber acabado con la vida del concejal de UPN y pidió que quedaran en libertad.
Junto a los 11 años de cárcel, también se le solicita la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años, así como la pena de 8 años de libertad vigilada.
Por el momento, la Audiencia Nacional ha fijado para el 16 de septiembre el inicio del juicio contra 47 personas por integrar el frente de cárceles de ETA o "KT" bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira o Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi.
En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que corresponderá juzgar estos hechos, detalla que el juicio se extenderá desde el 16 de septiembre hasta el 28 de noviembre y tendrá lugar en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.
Entre los principales dirigentes del entramado están la abogada Arantza Zulueta y al exsenador de Bildu Iñaki Goioga. Zulueta, para quien la Fiscalía ha pedido 19 años de cárcel al considerarla una de las responsables de Halboka, se encontraba en libertad por estos hechos cuando fue de nuevo detenida en 2014 por KT, causa por la que salió en libertad tras el pago de una fianza de 200.000 euros en febrero de 2017.
La labor jurídica la prestaría el Colectivo de Abogados-BL, un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica a presos de ETA, de la que se deriva un adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas.
Se encargaban de recopilar información sobre los reclusos para remitirla después a la dirección de ETA y de su ámbito de actuación quedaban excluidos aquellos presos "arrepentidos" que hubieran asumido la legalidad penitenciaria, como los que se acogieron a la vía Nanclares.
Desde la izquierda abertzale ya se ha convocado una manifestación que tendrá lugar en septiembre en Bilbao antes del inicio del juicio.
